MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -
El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados por la que insta al Gobierno a elaborar un estudio sobre las necesidades y demandas de las personas con discapacidad que residan en el entorno rural.
En concreto, los 'populares' piden un estudio específico sobre las demandas, necesidades sociales, apoyos y recursos "para mejorar el bienestar de las familias con personas con discapacidad que residen en un entorno rural". Además, una vez elaborado el diagnóstico y propuestas de actuación, reclaman establecer un cronograma de desarrollo y planificación con las Administraciones competentes en la materia, que lleve la financiación estatal "adecuada y suficiente" para su puesta en funcionamiento.
Según se desprende de la exposición de motivos de la iniciativa, que se debatirá en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad y que ha sido recogida por Europa Press, el PP destaca que "la población con discapacidad que reside en el medio rural tiene un perfil sensiblemente más envejecido y feminizado que la que reside en entornos urbanos".
En este sentido, la formación hace referencia a la 'Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD 2020) del Instituto Nacional de Estadística (INE)'. Esta refleja que un total de 951.862 personas residentes en el Medio Rural tienen algún tipo de discapacidad, esto supone el 22% del total de las personas con discapacidad, de las cuales el 55% son mujeres.
Por otra parte, revela un mayor envejecimiento en la zona rural que en la urbana. Así, mientras que en el medio rural el 37% de las personas con discapacidad tiene más de 80 años, en las zonas urbanas este porcentaje es del 32%. También apunta que las personas con discapacidad residentes en el ámbito rural, en términos relativos, presentan "mayor dificultad" en las actividades relacionadas con la movilidad (54%), la vida doméstica (49%) y el autocuidado (33%).
En esta línea, los 'populares' exponen que deben "impulsarse y mejorarse" las acciones que al efecto se realizan por las distintas Administraciones Públicas en sus respectivas competencias, "máxime cuando la referida Estrategia reconoce la ruralidad como un factor multiplicador de las barreras que afrontan".