El Protocolo forense que evalúa el riesgo de las víctimas de violencia de género se aplica en menos del 8% de los casos

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Protocolo Médico Forense de Valoración Urgente de Riesgo para víctimas de violencia de género que debería estar funcionando, al menos, en las comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias en materia de Justicia, tiene una implantación "tan escasa" en la actualidad que sólo se aplica en un siete por ciento de los casos.

Así lo detalla la Memoria Anual de la Fiscal de Sala Coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer, en la que explica que este protocolo, a diferencia de la valoración del riesgo que realiza la policía, permite al juez contar con una mayor variedad de fuentes de información sobre el caso, que van desde la exploración médica de la víctima hasta una entrevista con el agresor.

Aunque es de aplicación en las comunidades que no tienen transferidas las competencias en la materia, el Ministerio de Justicia lo puso a disposición del resto de gobiernos regionales. La Fiscalía se fija exclusivamente en las que están obligadas y detalla que a lo largo del año pasado "sólo" emitieron 366 informes siguiendo el protocolo.

En concreto, en Castilla y León se habían emitido 142, en Extremadura 122, en Castilla-La Mancha 11, en Murcia 41 y en Islas Baleares 50. Mientras, en las mismas comunidades autónomas se registraron 5.075 órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia de género, es decir, "resulta que el Fiscal y el Juez sólo han contado en un 7,21 por ciento de tales procedimientos con aquel dictamen".

Si la proporción se calcula en relación a las 34.556 solicitudes de órdenes de protección tramitadas el año pasado en todo el país, ámbito en el que es factible la aplicación del Protocolo, "resulta que la proporción desciende al 1,06%", conforme detalla la memoria anual, presentada con motivo del Nuevo Año Judicial.

"La implantación del Protocolo no ha hecho efectiva en la mayoría del territorio nacional, ni siquiera en las comunidades autónomas en las que la competencia en materia de justicia sigue en manos del Estado", reza el informe.