El Senado aprueba la 'Ley Zerolo' e introduce la obligación de webs y apps de evitar la "exclusión digital"

   Afina la definición de 'segregación', que se entiende como práctica discriminatoria, una de los motivos por los que el PP rechaza el texto

   MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El Senado ha dado luz verde este miércoles a la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación, conocida como 'Ley Zerolo', en la que ha incluído un nuevo punto para obligar a las páginas web y aplicaciones informáticas a ser accesibles para personas con discapacidad y mayores.

   La iniciativa ha contado con el apoyo de PSOE, ERC, PNV, Junts, Geroqa Bai y Teruel Existe y los votos en contra de PP y Vox. Además, la aceptación de varias de las más de 200 enmiendas presentadas por las formaciones de la Cámara alta obliga al texto a regresar al Congreso para ser ratificado.

   En concreto, se ha aprobado la inclusión de una de las propuestas del PNV por la que se garantiza que "los sitios web y las aplicaciones informáticas" cumplan con "los requisitos de accesibilidad para garantizar la igualdad y la no discriminación en el acceso de las personas usuarias, en particular de las personas con discapacidad y de las personas mayores".

   Del mismo modo, se ha aceptado una propuesta del senador de Geroa Bai, Koldo Martínez, por la que se exigirá a las empresas que velen por el cumplimiento de esta norma entre sus trabajadores, y no solo a los representantes sindicales, como se recogía en el texto que llegó de la Cámara baja.

    El texto aprobado en el Senado también incluye una nueva definición del concepto 'segregación' que en esta ley se incluye como una práctica discriminatoria.

CRÍTICAS DEL PP

   Así, ha propuesta de Teruel Existe, la ley recoge que "se entiende por segregación toda práctica, acción u omisión que tiene el efecto de separar a las personas sobre la base de uno de los motivos enumerados en el artículo 2.1 de la presente Ley", es decir, por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, "sin una justificación objetiva y razonable y sin que medie un acto voluntario de separarse de otras personas".

   Precisamente, la inclusión en esta ley de la segregación como práctica de discrominación es una de las alegaciones del PP en su postura de rechazo a esta norma. Los 'populares' consideran que se puede usar esta ley para prohibir la segregación por sexo en los colegios.

   La portavoz del PP en este debate, María Adelaida Pedrosa, ha explicado que las enmiendas de su partido en este debate --todas ellas rechazadas-- tienen como objetivo defender la "libertad indivisual" de los ciudadanos, así como garantizar la "seguridad jurídica que en un futuro puedan tener las personas que han sido discriminadas".

   La "actitud unilateral" del PSOE y el "único interés" de los socialistas "de conseguir el apoyo de sus socios", son otros de los argumentos que ha dado Pedrosa para justificar el voto en contra de los 'populares' a este texto del que, según ha indicado, "comparten la filosofía".

   Por su parte, el PSOE ha justificado su rechazo a las más de 60 enmiendas del principal partido de la oposición asegurando, a través de su portavoz en la materia, Cándida Verdier, que estas propuestas no buscaban la mejorar la norma, sino que eran "inconcreciones que buscaban el enfrentamiento con el Gobierno".

APOROFOBIA Y ANTIGITANISMO

   Por otra parte, del contenido de la 'Let Zerolo', ya incluído en su tramitación en el Congreso, destaca la creación de una Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, cuyo personal será, con carácter general, funcionario de carrera de las administraciones públicas o, en su caso, personal laboral procedente de organismos nacionales o internacionales con funciones en materia de igualdad de trato y no discriminación.

   Además, esta iniciativa incluye la aporofobia --el odio contra el pobre-- como un un delito de odio y también se modifica el Código Penal para que por primera vez el antigitanismo esté tipificado como un delito, que conllevará una pena de uno a cuatro años de prisión.