MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Sociedad Gitana Española se ha reunido este viernes con el Defensor del Pueblo al que han trasladado su preocupación por la situación generada tras los sucesos de Peal de Becerra (Jaén) e Íllora (Granada) y ha llamado a no responsabilizar a una familia "de lo que hace una persona".
"Esto solamente ocurre con el pueblo gitano", ha asegurado el presidente adjunto de la Sociedad en Andalucía, Antonio Martín.
En declaraciones a los periodistas, tras la reunión con el Defensor, ha señalado que, cuando una persona no gitana comete un delito "nadie va a por la familia, no se le quema la casa o el coche y no sale un alcalde diciendo que hay que desterrarlo". "Esto me parece un antigitanismo a todas luces", ha apuntado.
En este sentido, ha recordado que el antigitanismo ha sido incluido como forma de delito de odio específica por lo que considera que las fuerzas y cuerpos de seguridad, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía deberían "tomar cartas en el asunto" e "identificar a los autores de los hechos" para "proceder a las detenciones pertinentes".
Sobre la actuación del Defensor del Pueblo, Martín se ha mostrado "ilusionado" ya que, según ha explicado, la Institución les ha informado de que ya han iniciado una investigación sobre el ambos casos. En el caso de Peal de Becerro, según ha indicado el dirigente de la Sociedad, el Defensor ha reclamado informes a la Subdelegación de Gobierno de Jaén, así como a la Comandancia Civil de la provincia y a la Policía Local, para que informen de su actuación antes, durante y después y tras los hechos.
"Nos queda un buen sabor de boca", ha explicado Martín, quien ha señalado que en el caso de Peal de Becerro están actuando de manera específica porque las familias afectadas se han puesto en contacto con la entidad; mientras que en el caso de Íllora no, por lo que han tratado el tema con la Institución de forma más general, como sociedad gitana.
BUSCANDO LA ESCOLARIZACIÓN DE LOS MENORES
Sobre la situación de las familias gitanas de Peal de Becerro, expulsadas de la localidad, han explicado que están reubicadas entre hoteles y viviendas en alquiler y que su mayor preocupación ahora es escolarizar a los menores antes del inicio de curso.
Sobre la posibilidad de que regresen al municipio, Martín ha explicado que, desde la Sociedad, se les ha propuesto desde el principio pero reconoce que "con miedo no se puede vivir" y que, al final, la decisión dependerá de las propias familias.
"Están sin vivienda, no tienen un duro para comer", ha advertido el presidente de la Sociedad Gitana Española a nivel nacional, Sinaí Giménez, quien ha insistido en la necesidad de que se den explicaciones en relación a la justicia y seguridad del pueblo gitano.
La entidad ha apuntado que un futuro primer paso puede ser llegar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y tampoco descartan ir a Estrasburgo. "Vamos a hacer lo que haga falta", ha indicado Martín.
A su juicio, "no se puede permitir que esto se siga convirtiendo en una costumbre", ha lamentado, antes de señalar que entre sus temores está que, "como no hay responsabilidad penal de ninguno de los autores", la gente "lo puede tomar como una costumbre y puede haber conflictos".