Archivo - Varias carteles durante una protesta contra la legislación en la prostitución, en la Puerta del Sol, a 22 de octubre de 2021, en Madrid (España).
Archivo - Varias carteles durante una protesta contra la legislación en la prostitución, en la Puerta del Sol, a 22 de octubre de 2021, en Madrid (España). - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Los socios de Gobierno del PSOE han reprochado este martes en el Congreso de los Diputados a los socialistas que la ley con la que quieren prohibir el proxenetismo es una iniciativa "electoralista".

Así, la diputada de EH Bildu Bel Pozueta, en su intervención en el turno de portavoces en la toma en consideración de la proposición, ha trasladado el rechazo de su formación a la iniciativa de los socialistas y ha dicho que están dispuestos a trabajar a favor de una ley integral, pero ha añadido que no les encontrarán en el camino" si es para criminalizar y marginar aún más a las que ya viven marginalizadas y desprotegidas".

"El PSOE solo presenta una propuesta para penar, atacar y desproteger a quienes trabajan en la prostitución, condenándolas a una mayor exclusión y a una inseguridad. Busca un titular efectivo ante unas elecciones que dejan aún más tiradas a miles de personas", ha criticado.

La diputada de Sumar Gala Pin ha dicho que "la mejor forma de garantizar los derechos que ejercen la prostitución es derogar la Ley de Extranjería". Además, ha recalcado que su formación no puede votar a favor de una proposición de ley que ha tildado de "bastante cutre". "No propone absolutamente ninguna solución, ningún itinerario, ninguna medida alternativa, ninguna propuesta económica de acompañamiento laboral, absolutamente ningún tipo", ha agregado.

Asimismo, Pin ha señalado que, a su juicio, es "absolutamente incomprensible" que el PSOE pretenda resolver la situación de las prostitutas sin hablar con ellas.

En la misma línea se ha mostrado Martina Velarde, de Podemos, que ha indicado que la propuesta de los socialistas "va a generar más titulares que cambios concretos en la vida de las mujeres que están en contextos de prostitución" y ha denunciado que "pone en riesgo a las mujeres en contextos de prostitución, a sus familias y a sus entornos de apoyo". Asimismo, ha pedido que se modifique la Ley de Extranjería, "porque la abolición significa, además del fin de la impunidad de la industria proxeneta, papeles para todas viviendas, formación, sanidad, empleo y derechos asegurados para todas las mujeres en contexto de prostitución".

"CORTA LA CUERDA Y NO PONE LA RED"

Por su parte, Joseba Andoni Agirretxea, del Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha criticado a los socialistas por traer una proposición de ley que "corta la cuerda y no pone red". "Lo que ustedes plantean aquí evidentemente es un castigo a los proxenetas, pero un abandono absoluto de las personas prostituidas, prostitutas o en ámbitos de prostitución, utilicen el término que estimen oportuno", ha apuntado.

La diputada Pilar Calvo, de Junts per Catalunya, ha indicado al PSOE que si lo que quieren es ajustar el Código Penal para poder castigar el proxenitismo "hay formas de hacerlo sin enviar la prostitución regulada a la clandestinidad". Así, ha añadido que si la toma en consideración prospera, presentarán enmiendas.

Pilar Vallugera, Esquerra Republicana (ERC), ha señalado que esta cuestión "rompe el feminismo". "Presenten de una vez la ley de trata y deroguen de una vez la Ley de inmigración y de Extranjería y a lo mejor podemos empezar a trabajar", ha asegurado.

Por otro lado, la diputada del Grupo Mixto, Cristina Valido, ha mostrado su apoyo a la iniciativa, que ha dicho que "hay que debatir, hay que profundizar, hay que trabajar para evitar que muchos impresentables se sigan beneficiando de la explotación de mujeres, niñas y niños". Además, ha pedido tramitar la propuesta y trabajar para hacer las correcciones, las enmiendas o las modificaciones oportunas "para combatir aquellos que se lucran con la explotación".

EL PSOE DESTACA LA NECESIDAD DE UN CÓDIGO PENAL "AFINADO"

Por su parte, la diputada socialista, Andrea Fernández, que ha defendido la iniciativa, ha destacado la necesidad de un Código Penal "afinado", así como "el encomiable trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" y "una política criminal que persiga estos delitos como una prioridad". "La raíz de la prostitución, señorías, es el machismo, es la violencia contra las mujeres, es la prevalencia del varón sobre las mujeres y, sobre todo, es la percepción de las mujeres como un bien", ha subrayado.

Igualmente, la socialista se ha mostrado "orgullosa" de que su grupo sea "profundamente punitivista contra los que pagan por sexo, contra los proxenetas y contra los que alquilan los derechos".

En este sentido, ha pedido a Podemos, a Sumar y al Partido Popular, que "aparquen los juegos, el regate corto y la política de bajo nivel". "Estemos a la altura de la palabra dada, estemos a la altura de las víctimas, sí, señorías, y de lo que compartimos como partidos responsables. Apostemos por la negociación y el acuerdo, y apostemos también por escucharnos durante el trámite parlamentario", ha recalcado.

La iniciativa, que tiene rango orgánico y por tanto su aprobación necesitará el apoyo de al menos mayoría absoluta (176 votos), implica modificar varios artículos del Código Penal para endurecer el castigo al proxenetismo en todas sus formas.

TRES CAMBIOS EN EL CÓDIGO PENAL

En concreto, el texto modifica el artículo 187.2 para subir la pena de prisión de dos a cuatro años, en lugar de uno a tres que hay ahora, "a quien, con ánimo de lucro, promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma".

También cambia el 187.3., donde se incluye una nueva letra que añade que "agrava la penas cuando la víctima sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor".

Finalmente, el último cambio se encuentra en el 187.ter 2., que refleja que, en el caso de que la persona que presta el acto de naturaleza sexual fuese menor de edad o persona en situación de vulnerabilidad, se impondrá la pena de prisión de uno a tres años y multa de 24 a 48 meses, en lugar de 18 a 24 meses "para adecuarlo a lo que dispone el Código Penal" (la extensión máxima de la pena de multa no puede superar los 24 meses).

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