La diputada de Sumar En Comú Podem, Julia Boada, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 19 de marzo de 2024, en Madrid (España). El 'caso Koldo' vuelve, por tercera semana consecutiva, a ser protagonista del Pleno del Congreso. - Fernando Sánchez - Europa Press
MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Plurinacional Sumar ha registrado una batería de preguntas escritas en el Congreso de los Diputados dirigidas al Gobierno sobre las mujeres beneficiadas por el Plan Camino para las víctimas de trata, explotación sexual y mujeres que ejercen la prostitución.
En concreto, Sumar pregunta por los objetivos del Plan que puso en marcha en 2022 el Ministerio de Igualdad, por su dotación presupuestaria, así como por las entidades que han participado en su ejecución, entre otras.
En este sentido, la formación que lidera Yolanda Díaz indica que el Plan establecía acciones específicas del Ministerio de Igualdad y otras transversales a realizar con otros ministerios, con el objetivo general de operativizar las medidas recogidas en la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual y complementar las acciones del Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 2021-2023 en lo relativo a la trata con fines de explotación sexual.
Asimismo, añade que el Plan incluía 28 medidas en cinco líneas de acción a implementar entre 2022 y 2026 y tenía una dotación económica estimada en 204 millones de euros. Además, apunta que la prioridad del Plan era dar salida a las víctimas a través de la inserción socio laboral, junto con alternativas económicas y sociales que garantizaran los derechos de las mujeres.
Igualmente, Sumar apunta que también promovía la investigación y recogida de datos, la prevención y desincentivo de la demanda y la detección de las víctimas, para que pudieran acceder a derechos económicos, socio asistenciales y de salud sexual y reproductiva; y que este acceso no dependiera de la interposición de una denuncia.
Por último, el Plan contemplaba la regularización como única vía "para que esta salida fuera una realidad para todas". "Por eso, promovía el acceso a la regularización documental de las víctimas e impulsaba el análisis de las necesidades de protección de éstas con el fin de orientar futuras mejoras normativas en este ámbito", destaca.