MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y Cuidados (AIPHYC) y Alianza por la Solidaridad-ActionAid han reclamado este martes, en el Día Internacional del colectivo, su inclusión en el régimen general de la Seguridad Social. Una petición que, explican, llevan "años" realizando.
Las organizaciones recuerdan que es también desde hace años que llevan "denunciando la situación de desprotección, precariedad, explotación, abuso y violencia sexual" que sufren las trabajadoras del sector y que, en 2020, se ha visto agravada por la pandemia del Covid-19.
En febrero de 2020 había 394.171 trabajadoras dadas de alta en la Seguridad Social, sin embargo, en agosto esa cifra bajó a las 373.938, explican las asociaciones. Según han explicado, en la crisis sanitaria "más de 20.233 trabajadoras de hogar han sido despedidas, mientras que otras han visto reducidas sus jornadas laborales, pero con un incremento de tareas".
Además, indican, se ha acentuado el régimen de interna. Según señalan, muchas de las trabajadoras han tenido que acceder a vivir con sus empleadores para no perder el trabajo, al escudarse estos en el riesgo de contagio que supone el desplazamiento diario y también ha aumentado la oferta de contratación en este régimen, con sueldos que no alcanzan el salario mínimo, "aprovechando la necesidad y desesperación de las mujeres".
MEDIDAS "INSUFICIENTES" DEL GOBIERNO
Frente a esto, SEDOAC, AIPHYC y la Alianza por la Solidaridad-ActionAid consideran que las medidas sociales diseñadas por el Gobierno y demandadas por asociaciones del sector, como el Ingreso Mínimo Vital y el Subsidio Extraordinario de Desempleo para Empleadas de Hogar, han sido "positivas", pero "insuficientes".
Según señalan, "muchas de las mujeres no cumplían con los requisitos" al trabajar gran parte de ellas en la economía sumergida, lo que supone, por ejemplo, que el Subsidio Extraordinario llegue sólo al 10% de las trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social.
"Hay que recordar que más de 200.000 mujeres trabajan en la economía sumergida en España por la imposibilidad de regularizar su situación, ya que la Ley de Extranjería impide conseguir la residencia hasta cumplir al menos tres años de estancia en España y por tanto han quedado fuera de todas las medidas", apuntan las organizaciones.
UNA LEY Y REGULARIZACIÓN
Es por eso que reclaman la ratificación del Convenio 189 de la OIT, sobre trabajo decente de las trabajadoras y trabajadores domésticos con el propósito de garantizar la protección de este colectivo, que consideran "históricamente discriminado", y equiparar sus derechos laborales a los del conjunto de trabajadores. Recuerdan, además, que esta medida es "un compromiso del Gobierno para la actual legislatura".
Del mismo modo, piden la incorporación plena al Régimen General de la Seguridad Social, lo que "supondría tener derecho a la prestación por desempleo". El Ejecutivo ha retrasado esta propuesta hasta el 2023, que en principio iba a ser este año, lamentan las trabajadoras.
Finalmente, piden una Ley de Prevención de Riesgos Laborales, abolir el régimen de interna, y la regularización de las personas en situación administrativa irregular, que representan hasta el 30% del sector, que son las que sufren una mayor vulneración de derechos.