MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -
La transición de las personas con discapacidad intelectual a pisos en la comunidad no es suficiente para su desinstitucionalización, según revela un análisis realizado en el marco del proyecto 'Mi casa: una vida en comunidad', una iniciativa del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que gestiona Plena inclusión España y que cuenta con la financiación de los fondos de la UE Next Generation.
"Hacer el tránsito de un modelo institucionalizado o un hogar familiar a una vivienda en la comunidad no es suficiente para desinstitucionalizar a las personas. Tenemos que aprender y dar respuesta a un reto complejo, escuchando a la comunidad, a las familias, y a las personas. Para eso tenemos que generar una conversación colectiva con los diferentes agentes y aprender qué tipo de marcos están funcionando en las comunidades", ha expresado la coordinadora de Plena inclusión España al frente del proyecto Mi Casa, Sofía Reyes.
Este proyecto lleva tres años experimentando un modelo de vivienda en barrios y pueblos, y se presenta como alternativa a modelos institucionalizados para las personas con discapacidad intelectual y más necesidades de apoyo.
La iniciativa, que concluirá en diciembre de este año, entra ahora en la fase de generación de evidencias a través de los datos procedentes del análisis de la vida en pisos de 275 personas con discapacidad intelectual, en 35 pueblos y ciudades de siete comunidades autónomas.
Una de las investigaciones realizadas en el marco del proyecto se ha llevado a cabo junto al Aguirre Lehendakari Center (ALC), una consultora adscrita a la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) que nació de una colaboración con la Columbia University de Nueva York. En este caso, el equipo del ALC se ha centrado en evaluar el impacto, desde la perspectiva del desarrollo comunitario, de este proyecto de desinstitucionalización dirigido a personas con discapacidad intelectual.
El equipo de investigación de la Aguirre Lehendakari Center se ha encargado de mapear el ecosistema del barrio o el pueblo en el que se ubica la vivienda para testar cómo se relacionan con los diferentes agentes del entorno. También ha evaluado las conexiones que se construyen con administraciones públicas, asociaciones y el resto de la comunidad.
A través de sesiones de interpretación colectiva, se ha contrastado la percepción registrada con representantes de toda la comunidad y el proyecto. Tras concretar las carencias y las potencialidades, se han realizado dinámicas de reflexión grupal que buscan hallar soluciones que impliquen a la comunidad en la resolución de las dificultades detectadas.
EL CONECTOR COMUNITARIO
En el marco de esta investigación, que finalizará en diciembre, se ha subrayado la importancia del papel del conector comunitario, una nueva figura profesional que se ocupa de vincular recursos y personas para favorecer comunidades más acogedoras e inclusivas.
"Los conectores están planteando qué es importante para la comunidad, porque para que haya verdadera inclusión, la comunidad tiene que estar preparada para ser acogedora, poder dialogar con las personas, las organizaciones y con otros colectivos", ha explicado Julen Larrañaga, del Aguirre Lehendakari Center.
El próximo mes de octubre, Plena inclusión celebrará un encuentro estatal titulado 'Menos barreras, más barrio', en el que mostrará todos los resultados del proyecto.