Las asociaciones de jueces, divididas ante la propuesta de reforma de Ley Penal del Menor que plantea Gallardón

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones de jueces han acogido con cautela la propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de modificar la Ley de Responsabilidad Penal del Menor para unificar la investigación y enjuiciamiento de delitos graves en los que estén implicados mayores y menores de edad, ya que mientras unos colectivos ven problemas técnicos en la aplicación de la medida, otros consideran que no habrá ningún problema.

Este es el caso de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), cuyo portavoz, Pablo Llanera, considera que "no va a tener ningún problema no sólo desde la opinión pública sino desde el punto de vista legislativo" porque vendrá a solucionar, a su juicio, la situación que se produce en la actualidad cuando un menor y un adulto son juzgados por separado por el mismo delito y obtienen sentencias "contradictorias".

En declaraciones a Europa Press, Llanera ha incidido en que ser enjuiciados por un mismo tribunal "evitaría problemas de coherencia" y de "contradicciones entre procedimientos distintos", así como proporcionaría "mayor comodidad para los ciudadanos" afectados por el proceso, como testigos o peritos, "que cumplirían su deber con un esfuerzo y no con dos".

Como ejemplo práctico, ha señalado el juicio de Marta del Castillo, que en su opinión "habría sido más lógico, coherente y ordenado" de haberse celebrado con esta medida en vigor, porque los acusados habrían declarado siempre como tales "y no como acusados en unos hechos y como testigos en otros".

Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia, José Luis Ramírez, ha incidido en la necesidad de conocer al detalle la reforma que plantea el ministro porque, según ha dicho, "podría resultar que perjudicara o fuera más dura para el menor", sobre todo porque "mientras el proceso penal de menores tiene una finalidad muy concreta, que es buscar sobre todo la reeducación y reinserción, el proceso de adultos tiene otras finalidades".

"Conjugar una y otra tratando de preservar sus derechos como menor es muy complicado", ha señalado. Además, ha recordado que desde su aprobación, la Ley Penal del Menor "se ha reformado en muchísimas ocasiones, siempre a raíz de un acontecimiento mediático y siempre en sentido regresivo", cuando en su opinión, debería encaminarse hacia la reinserción y la reeducación.

En esta línea se ha expresado también el portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria y juez Decano de Madrid, José Luis González Armengol, para quien "hay que leer la letra pequeña" de la iniciativa porque, "en principio, se plantean dificultades técnicas procesales importantes" ya que los juicios a menores se realizan siguiendo una serie de pautas, como que sean a puerta cerrada y en presencia de un equipo psicosocial, que no se aplican en los adultos.

En su opinión, "la problemática que dimana de la Ley del Menor seguramente estaría centrada en otros aspectos", entre los que ha destacado la rebaja de la edad penal del menor, asunto que "debería ser objeto de un debate profundo e importante" porque "existe un grado de impunidad muy importante en menores de hasta 13 años de edad".

Por último, el presidente del Foro Judicial y juez decano en Zaragoza, Ángel Dolado, considera "muy positivo que el juicio se celebre en unidad de acto y ante un sólo tribunal aplicando a cada uno la legislación correspondiente" ya que "evita efectos perversos" que, según ha señalado, "se están produciendo ahora al enjuiciar por separado".

En concreto, ha apuntado que al declarar testigos y peritos por duplicado "puede haber absolutas contradicciones", al margen de que "si ha habido un juicio primero y ha habido una sentencia, eso puede contaminar el siguiente proceso". Con todo, en su opinión "la legislación actual es muy protectora y no hay que cambiar nada" sino hacer hincapié en los medios de reeducación.