CSIF exige al Gobierno más médicos y pediatras en AP para reforzar la futura ley contra la adicción digital en menores

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exige al Gobierno un aumento de las plazas de médicos de Atención Primaria y de pediatras para reforzar la nueva Ley de prevención de menores contra la adicción digital, aprobada este martes en Consejo de Ministros y promovida por diferentes ministerios y coordinado por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España.

"El plan contra las adicciones digitales en menores que prepara el gobierno no funcionará si no se contratan profesionales en atención primaria. Necesitamos al menos 10.000 médicos de familia y 1.100 pediatras. Además, hay que incluir a los centros educativos en este plan, con plazas específicas de enfermería escolar", señala Fernando Hontangas, responsable de Sanidad de CSIF.

CSIF calcula que se necesitan al menos 10.000 plazas adiciones de Atención Primaria y de 1.100 pediatras para acercarnos a la media europea. CSIF considera positivo el protocolo específico para que los pediatras revisen posibles adicciones o usos problemáticos de nuevas tecnologías por parte de menores, pero advierte de que difícilmente se obtendrán resultados positivos si no se refuerzan las plantillas del personal de la sanidad y se ponen los medios materiales adecuados.

Por otra parte, afirman os Centros Educativos deberían incluirse en estos protocolos. "CSIF lleva años reclamando la dotación de Enfermería Escolar y sería un momento oportuno para que todos los centros tuvieran esta dotación, que podría tener un papel fundamental en la detección de la adicción Digital", señalan

En este sentido, reclaman además un incremento de la inversión en Atención Primaria hasta el 25 por ciento del gasto sanitario total, aumento de las plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), sobre todo en Medicina de Familia, Pediatría y Enfermería, entre otras especializades, y retomar la negociación para un acuerdo sobre el Estatuto Marco y homologación retributiva entre las comunidades autónomas.