Directores de Servicios Sociales piden ayudas para familias sobreendeudadas

Foto: CRISS

Afirman que la cohesión social en España está en peligro y denuncian que es el único país que no protege a personas físicas en quiebra

   MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La Asociación estatal de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales ha elevado una propuesta al Gobierno, a la Comisión de Justicia del Congreso y a la Defensora del Pueblo para responder a los ciudadanos desahuciados o al borde de perder su vivienda que consiste en la creación de una figura susceptible de protección, la 'persona sobreendeudada en situación de riesgo' y la articulación de medidas como planes de reflotamiento familiar para evitar que acaben en la calle y en la ruina.

   La propuesta, difundida este martes en rueda de prensa por su autor, el Trabajador Social y Consultor Luis Barriga; y el presidente de la organización, José Manuel Ramírez; pide "una nueva legislación en materia de saneamiento de la deuda de particulares" para "posibilitar que las familias en quiebra económica puedan afrontar sus deudas a través de moratorias, planes de reflotamiento económico familiar y acciones preventivas de la exclusión y de la economía sumergida".

   Según ha explicado Barriga, "no se comprende cómo un país donde una de cada tres familias no puede afrontar ningún gasto imprevisto, donde una de cada cinco personas están ya bajo el umbral de la pobreza y donde se han producido más de 300.000 ejecuciones hipotecarias y 150.000 lanzamientos en dos años, se mantiene la paz social", sobre todo considerando que hay más de 5 millones de parados y que, al contrario que en el resto de países de la OCDE, los particulares que se arruinan se encuentran en una "desprotección jurídica absoluta".

   Sobre este asunto, ha incidido en que en el resto de Europa existen "siempre" fórmulas ante la quiebra de personas físicas y procesos similares al de las empresas que declaran el concurso de acreedores. Sin embargo, en España no existe protección ni tutela para los ciudadanos en quiebra, porque la responsabilidad patrimonial es ilimitada, de manera que si una empresa liquida, después se extingue, pero las deudas de una persona física, aunque fallezca, "persiguen a sus hijos".

   Los expertos consideran que la cohesión social se mantiene por la resistencia de las familias y destacan que, por ello, "los primeros en caer han sido los inmigrantes". Sin embargo, vaticinan un desmoronamiento a medio plazo, ya que "las redes familiares no soportarán el alargamiento de la crisis" y lo que empezó como un goteo y ya "ha dejado de ser anecdótico", se convertirá en "una lluvia de dramas familiares", con "cientos de miles" de personas al límite.  

   Ramírez ha añadido a este panorama los recortes en políticas sociales que las administraciones públicas están acometiendo a cuenta de la crisis económica, aún cuando España ya tiene "el sistema de protección más débil" del entorno europeo. Por eso, ha advertido de que "todo lo que no se gaste el Gobierno en Protección Social es dinero que el Estado va a tener que gastar en seguridad ciudadana".

   "No se trata de condonar deudas sin más", ha destacado Barriga, para incidir en que todo ciudadano "tiene la obligación" de cumplir los contratos firmados, pero "dentro de los márgenes que permite cada momento". "Es un saneamiento de las economías domésticas y, por tanto, de las economías de los acreedores", ha apostillado. En su opinión, este planteamiento hace que la propuesta sea también interesante para el sector financiero.

SOBREENDEUDADO OBJETIVAMENTE, DEUDOR DE BUENA FE Y EN EXCLUSIÓN

   Esta "bomba de relojería" no estallará, según la asociación, si se adoptan "medidas urgentes" de protección enmarcadas en la reciente reforma de la Ley Concursal, como la creación de la citada figura jurídica, que se aplicaría a residentes en España que se encuentren en una "situación objetiva de sobreendeudamiento" de forma que "por dificultades económicas, coyunturales y sobrevenidas no puedan afrontar sus obligaciones de pago".

   Esta situación se determinaría analizando la capacidad de pago del ciudadano y el total de las obligaciones contraídas "considerando unos mínimos vitales de subsistencia de la unidad de convivencia", así como atendiendo a las "causas sobrevenidas" de su impago, como el desempleo o una enfermedad. Así, según los expertos, se evitarían situaciones de "quiebra estratégica" y de fraude.

   Además, la 'persona sobreendeudada en situación de riesgo' tendrá que poder acreditar la "coherencia de sus actos patrimoniales y de consumo anteriores", es decir, que son deudores de buena fe por causas "verdaderamente inevitables" y que "no ha existido prodigalidad u otras conductas negativas", algo que acreditaría con su trayectoria laboral y su historial de consumo de bienes y de productos financieros.

"YA HAY RECURSOS HUMANOS SUFICIENTES"

   A las condiciones anteriores debe unirse la de encontrarse "en una situación objetiva de inclusión precaria o de exclusión moderada tomando como referencia las circunstancias del núcleo familiar y/o de convivencia" y ahí es donde intervendrían los servicios sociales que, aplicando "instrumentos estandarizados de medición multidimensional de la exclusión" dictaminarían la situación real en que se encuentran esa persona y su núcleo de convivencia.

   El informe de la propuesta explica que "se excluirían los casos de exclusión grave o severa y, en todo caso, se deberá certificar que el caso es viable con pronóstico de recuperación a medio plazo (3-5 años)". Los costes "no serían muy elevados" porque los Servicios Sociales ya disponen de más de 20.000 empleados públicos y podrían reorganizar sus recursos humanos para consolidar esta red de mediación.

   En opinión de la asociación, la carga judicial tampoco aumentaría, porque las partes, sobre todo los acreedores, se verían forzadas a alcanzar un acuerdo para evitar que el tribunal decida. En este sentido, Ramírez ha incidido en que si la mediación no funciona, el dossier será remitido al juez, que habrá de dictaminar cuál es el plan de reflotamiento familiar para los próximos 3 ó 5 años. El acreedor deberá acatarlo y la familia intervenida tendrá que poner todos los medios para superar su situación bajo amenaza de perder la protección. Para eso, ha señalado, "hace falta contar con una fuerza judicial suficiente".