MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Instituto de la Juventud se ha coordinado con el Ministerio de Sanidad, con las comunidades autónomas y con las entidades juveniles para consensuar una normativa que permitirá celebrar los campamentos de verano este año "en condiciones de seguridad" ante la pandemia del coronavirus Covid-19, según ha informado el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.
"El Instituto de la Juventud se ha coordinado con el Ministerio de Sanidad, con las comunidades autónomas y con las entidades juveniles para consensuar la normativa que va a permitir a los campamentos de verano desarrollarse en condiciones de seguridad y facilitar así la desconexión y el descanso en verano de los más pequeños", ha subrayado Iglesias, este jueves 4 de junio durante su intervención en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
Según ha recordado, el sector del ocio educativo beneficia en España a 4 millones de jóvenes y emplea a 200.000 monitores y monitoras. Por ello, aunque ha indicado que "puede parecer un asunto menor", ha enfatizado la importancia que tienen estos campamentos tanto para el desarrollo de los niños, más aún, después del confinamiento, como para permitir a los padres conciliar.
"Hay que tener presente que han sido más de dos meses muy duros para los niños, niñas y adolescentes, que lógicamente afectan a su proceso de crecimiento y desarrollo, y que por tanto el ocio educativo este verano va a ser más esencial que nunca. No solo por una cuestión de facilitar la conciliación familiar a muchos padres y madres que continúan trabajando en verano, sino también porque la educación no-formal puede reforzar el aprendizaje de habilidades y valores que se vio paralizado por la pandemia", ha añadido.
Las actividades de tiempo libre destinadas a la población infantil y juvenil podrán reanudarse en aquellos territorios que entren en la fase 3 de la desescalada, siempre que se garanticen las medidas de prevención e higiene y cuenten con un procedimiento para el manejo de posibles casos de COVID-19. Además, las comunidades autónomas podrán establecer condiciones adicionales.
En caso de que las actividades sean al aire libre, se deberá limitar el número de participantes al 50 por ciento de la capacidad máxima habitual de la actividad, con un máximo de 200 participantes, incluyendo los monitores. Cuando sean en espacios cerrados, el aforo será de un tercio, con un máximo de 80 participantes, incluyendo los monitores.
Así lo establece la orden publicada el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. La apertura de estas actividades no estaba en un principio reflejada en el plan de desescalada que el Ejecutivo facilitó el pasado mes de abril.
Tras conocerse esta orden, José Manuel Fernández, portavoz del Colectivo Campamentos de Verano, integrado por más de 500 entidades, criticó que no se aclara demasiado cómo se puede trabajar en un campamento".
A su jucio, "imposibilitan la acción", algo que ha sentado como una "jarra de agua fría" al colectivo, que se queja de que las autoridades no han escuchado sus propuestas. "Sanidad debería tomar decisiones en cuanto a cómo se ha de actuar en caso de posibles positivos", reclamó Fernández, entre otras cosas.
Por su parte, la organizaciones juveniles españolas pidieron al Gobierno que estableciera medidas más específicas para la celebración y organización de campamentos de verano, así como coordinación entre las distintas comunidades autónomas, que tienen competencia para establecer condiciones adicionales.
El Movimiento Scout Católico (MSC) manifestaba entonces que estaban esperando el documento oficial que desde el Instituto de la Juventud (INJUVE) diga como tienen que adaptarse a las medidas para organizar campamentos de verano".
Mientras, la organización Scouts de España anunció que presentaría al Gobierno de España y a los de las comunidades autónomas una propuesta común que establezca unos parámetros mínimos "para que el marco de desarrollo de los campamentos sea lo más similar posible en todas las regiones" durante este verano.