Juzgados 'amigables' con la infancia: Un lugar seguro para niños que sufren violencia

   MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La reivindicación de una Ley Integral de Violencia contra la Infancia que vienen elevando las ONG ha comenzado a cobrar forma con una propuesta remitida por las entidades especializadas al Gobierno en la que instan, entre otras medidas, la creación de una red de juzgados especializados en menores al estilo de los que ya funcionan para violencia de género y que entenderían de todos aquellos asuntos en los que niños y adolescentes fueran víctimas directas.

   Se trata de una iniciativa liderada por Save The Children en colaboración con la Cátedra Santander de la Universidad Pontificia de Comillas. Llevan tiempo trabajando un texto que tras someterse a consideración y aportaciones de otras organizaciones especializadas en infancia que operan en España, llega al Gobierno en borrador preeliminar para un proyecto de Ley Orgánica Integral de medidas frente a la violencia contra la infancia.

   Sanidad, responsable en la materia, tiene el mandato del Congreso de promover esta medida antes del próximo año, pues así lo aprobaron por mayoría absoluta los grupos parlamentarios en septiembre en la Cámara Baja. Para ello, la Dirección General de Infancia ha organizado la creación de un grupo de trabajo que se espera comience a reunirse en próximas fechas y que habrá de pulir la propuesta de máximos de las ONG, según las fuentes consultadas.

   Los juzgados especializados 'amigables' con la infancia son una de las medidas más difíciles de implantar, conforme explican a Europa Press en Save the Children y UNICEF, otra de las organizaciones involucradas en ese borrador que es un punto de partida. Para empezar, habría que delimitar sus funciones para diferenciarlas de la jurisdicción de menores que ya existe y en la que se llevan los casos en los que niños y adolescentes son acusados de delitos o de faltas.

   Requerirá además de un esfuerzo jurídico importante para su concepción, un considerable despliegue económico, pues el objetivo es que todos los niños que sufren algún tipo de violencia puedan ser vistos en estos espacios que habrían de diseñarse adaptados a las distintas edades y contar con personal altamente cualificado, tanto jueces como fiscales, letrados y equipos psicosociales, capaces, por ejemplo, de recabar, comprender e interpretar correctamente los testimonios de los menores sin perjudicarles.

   "Se trataría de crear una jurisdicción específica y habrá que decidir si también abarca los asuntos de infancia a nivel penal o solamente a nivel de protección, explica en declaraciones a Europa Press la especialista en derechos de Infancia en Unicef, Almudena Olaguibel. "La función sería parecida a la que tienen los juzgados de violencia de género: Que cualquier delito que tenga que ver con ese caso se vea en un sólo juzgado para evitar la dispersión", añade.

   No es la única medida que plantean las organizaciones de infancia. La iniciativa prevé dar además un mayor calado al deber de denuncia en los casos de violencia sobre los menores que ya existe para otros supuestos, como el abuso sexual. El objetivo es que todos los ciudadanos estén obligados por ley a poner en conocimiento de las autoridades todo caso de violencia sobre la infancia del que tengan conocimiento, aunque sólo sea una sospecha, para mejorar la protección.

   El resultado deberá incorporarse en un registro unificado más eficaz que el existente (RUMI) donde se vuelquen todas las actuaciones tanto del ámbito penal como de protección que tengan que ver con niños y adolescentes y no sólo, como ocurre ahora, las relacionadas con malos tratos en el entorno familiar.

   Esta habría de ser una herramienta de coordinación que impidiese situaciones como la que se dio en Valladolid el pasado verano, cuando una niña de 4 años falleció 22 días después de que su pediatra comunicase una sospecha de maltrato al descubrirle hematomas, según explican las organizaciones consultadas.

   Además de unificar recursos y respuestas a la violencia sobre los menores potenciando, por ejemplo, la figura de la declaración de riesgo, que activa los mecanismos de protección de los servicios sociales y la intervención directa con las familias, la ley deberá tener un efecto importante de concienciación social sobre la realidad de la violencia contra la infancia en España porque dicen las ONG "que hace falta una toma de conciencia como la que se ha experimentado con la violencia de género".

   "El Comité de Derechos del Niño nos dijo en 2010 que con la Ley Integral de Violencia de Género se había conseguido un paso importante y que debía tomarse como ejemplo en la lucha contra la violencia en la infancia. Se ha generado tal rechazo social que es imposible ver a un hombre pegando a una mujer en la calle sin que alguien reaccione. Sin embargo, los niños permanecen en la esfera privada y es necesario que cambiemos la mentalidad", dice la analista jurídica de Save The Children Catalina Perazzo.

   Se refiere a un "cambio cultural" por el que un adulto se atreva a interponerse y reprochar la conducta cuando otro adulto trata con violencia a un niño, pero también a que las administraciones sean capaces de ofrecer apoyo a esas personas que quizá carezcan de las herramientas necesarias para ejercer una parentalidad positiva. "Tenemos que intentar, desde la comprensión de estas situaciones, dar otras opciones de resolución de conflictos que potencien el diálogo y la reflexión", comenta.

   La propuesta de las entidades contempla otras medidas, como mayores garantías para que los hijos de las víctimas mortales de violencia de género reciban pensiones de orfandad, formación de operadores jurídicos que intervienen en procesos que afectan a los niños, un mayor refuerzo de la escucha de los menores en los mismos y mecanismos de coordinación que garanticen el seguimiento de los casos y la intervención sobre las familias a lo largo del tiempo. "Hay muchos espacios en los que hace falta que la respuesta sea más contundente", señala.

   "Esta es una realidad que está oculta en nuestro país y que sin embargo, es de gran gravedad. La respuesta que hay es fragmentada, necesitamos una respuesta integral y eso quiere decir medidas de prevención, sensibilización, detección, protección y restauración de derechos que tengan como centro al niño, es decir, no como en el derecho penal, que se encarga de un enfoque punitivo respecto del agresor y que es la última respuesta; y tampoco como en la Ley de Infancia, que lo que hace es centrarse en la protección una vez que el niño entra, en casos muy graves, en el sistema", explica la experta.