La ley de infancia y la mejora de la atención a la dependencia, retos sociales pendientes tras la marcha de Iglesias

Última hora sobre la decisión de Pablo Iglesias de dejar el Gobierno para ser candidato a la Comunidad de Madrid

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   MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, que ha anunciado este lunes que abandona su cargo para presentarse a las elecciones en la Comunidad de Madrid, dejará pendientes tras su marcha, algunos retos sociales como la aprobación de la ley de protección a la infancia, la reducción de la lista de espera de la dependencia, la elaboración de la ley de diversidad familiar o la llegada a todos los hogares del Ingreso Mínimo Vital.

   Así, entre los principales retos sociales que tiene por delante la nueva ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, es el desarrollo del Plan de Choque en Dependencia, que aumenta la financiación, con una inyección de 3.600 millones de euros hasta 2023, y cuya firma con patronales y sindicatos está prevista para este jueves.

   El acuerdo, fruto también del diálogo con los interlocutores sociales, y en que ha estado trabajando el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, se marca como objetivos "mejorar la gestión" del sistema de atención a la Dependencia, así como "reducir la lista de espera y ampliar las prestaciones y servicios".

   En cuanto a la ley de infancia, el Gobierno la aprobó en Consejo de Ministros el pasado mes de junio de 2020 y en estos momentos se está tramitando en el Congreso de los Diputados, por lo que será un reto que queda pendiente para la nueva ministra al frente de esta cartera.

   Cuando presentó la ley el pasado mes de junio, Pablo Iglesias pidió "perdón" a todas las personas que han sido víctimas de violencia y abusos sexuales en la infancia, para los que esta ley "llega tarde", según dijo. Iglesias bautizó la norma como 'Ley Rhodes' por el pianista británico que sufrió abusos durante la infancia.

   Entre las novedades que incluye la norma, en cuyo texto ya llevaban trabajando años las ONG, destaca la ampliación de la prescripción de los delitos de abuso sexual a menores, cuyo plazo empezará a contar a partir del momento en que la víctima cumpla 30 años, en lugar de 18, como ocurre en la actualidad; la privación de la patria potestad para condenados por homicidio o maltrato, o la incorporación del deber de todos los ciudadanos de "comunicar inmediatamente" cualquier indicio de violencia sobre menores.

"PELEA" POR EL IMV

   Iglesias también ha presionado durante este año como vicepresidente segundo, para que se aprobara cuanto antes el Ingreso Mínimo Vital, que estuvo envuelto en polémica por las discusiones entre Iglesias y el ministro de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

   La nueva prestación se aprobó finalmente el 29 de mayo de 2020 en Consejo de Ministros, con el objetivo de llegar a 850.000 hogares, aunque hasta diciembre había llegado a 160.000.

   Cinco meses después de su aprobación, Iglesias aseguró que hubo una "pelea dura" dentro del Ejecutivo a cuenta del IMV porque desde Unidas Podemos consideraban que no llegaba a toda la gente que necesitaba la ayuda y que había que "ampliar su cobertura" y facilitar los requisitos entre jóvenes o personas convivientes en el mismo domicilio.

   Por otro lado, Pablo Iglesias también anunció al comienzo de la legislatura que impulsaría una ley de diversidad familiar, para "reconocer y proteger" a todos los modelos de familia --"monoparentales, monomarentales, partos múltiples, numerosas y acogedoras"-- y que pondría en marcha medidas para apoyar la adopción por parte de parejas LGTB.

   Así lo indicó el 13 de febrero de 2020 durante su comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad en el Congreso. En concreto, precisó que este apoyo se ofrecerá a través del "reconocimiento y la filiación de las parejas de mujeres lesbianas" y de "la protección jurídica de las nuevas formas de convivencia estable sin ser pareja".

   Los trabajos de preparación de la ley ya han comenzado, según señaló el pasado viernes la directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, Patricia Bezunartea. Entre los trabajos previos, se incluye la elaboración de un libro blanco, para lo cual están colaborando con la Comisión Europea.