El Parlamento de Japón vota a favor de la ratificación del convenio internacional contra el secuestro infantil

TOKIO 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Japón ha votado este miércoles a favor de la ratificación del Convenio sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños. Se trata del único país del G-8 que permanece al margen de esta norma jurídica.

El tratado internacional pretende "proteger a los niños en el plano internacional contra los efectos dañinos de un traslado o no regreso ilícitos y fijar procedimientos con el fin de garantizar su regreso inmediato al Estado donde reside habitualmente así como de garantizar la protección del derecho de visita".

La Cámara Alta finalmente ha dado este miércoles su visto bueno al tratado internacional, un mes después de que lo hiciera la Cámara Baja. Para su ratificación definitiva, deberá recibir también la sanción del Gobierno.

Tras su entrada en vigor, las autoridades japonesas deberán crear una autoridad independiente encargada de localizar a los niños secuestrados y de ayudar a sus padres a llegar a un acuerdo extrajudicial.

A pesar de ello, los afectados han advertido de que la entrada en vigor del tratado internacional apenas cambiará su situación si no se modifican las leyes japonesas sobre la materia, como la ley del divorcio.

La ley del divorcio de Japón otorga la custodia a uno solo de los progenitores, que normalmente es la madre, sin imponerle la obligación de que permita al otro visitar a los hijos del ya extinto matrimonio, según ha informado la cadena británica BBC.

Desde hace años, los países occidentales presionan a Japón para que ratifique el tratado internacional ya que se ha convertido en un "agujero negro legal" para los padres que intentan recuperar a sus hijos de manos de sus ex parejas japonesas.

Hasta ahora se han registrado más de 200 casos de custodia internacional que implican a ciudadanos japoneses casados o no con extranjeros que se han llevado a sus hijos al país asiáticos tras romper la relación con su pareja.

En 2010, los embajadores en Tokio de una docena de países, entre ellos Estados Unidos y varios europeos, firmaron un comunicado conjunto para exigir a Japón que ratificara de una vez por todas el tratado internacional.