La reforma de la justicia universal suprime la persecución de la ablación

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El Gobierno ya introdujo una reserva en el Convenio de Estambul para evitar la persecución de estos delitos fuera de sus fronteras, que luego retiró

   MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La Audiencia Nacional no podrá perseguir los casos de mutilación genital femenina que se practiquen en el extranjero a niñas de nacionalidad española o residentes habituales en el país si sale adelante la reforma de la justicia universal impulsada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

   La modificación, planteada en forma de proposición no de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, elimina la mutilación genital femenina de la lista de crímenes que podrán perseguir en el extranjero los tribunales españoles, una relación en la que actualmente figura y que la mayoría absoluta del PP puede modificar.

   El redactado propuesto no menciona expresamente este delito, que desaparece, aunque sí se refiere a los delitos contra la libertad o indemnidad sexual y a los de tortura. No obstante, la ablación en rigor no puede enmarcarse en estas categorías y, de hecho, en el Código Penal figuran en el ámbito de los delitos de lesiones.

   Con todo, aunque pudiera incluirse la mutilación genital femenina en estas categorías, las limitaciones que, en general, impone la reforma al alcance de la jurisdicción universal hacen prácticamente imposible que se puedan perseguir estos delitos que, según un reciente estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona, están en riesgo de sufrir 17.000 niñas en España.

   Según explica el experto en Justicia Universal Nacho Jovtis, miembro de Amnistía Internacional, la reforma impone que para que los jueces españoles puedan actuar deben darse una de estas condiciones: que el presunto autor sea español, que sea extranjero y resida en España, que la víctima sea española o que el presunto autor se encuentre en España.

RESERVAS AL CONVENIO DE ESTAMBUL

   "La defición de jurisdicción universal es que puedes perseguir ciertos crímenes aunque no se de ninguno de estos elementos. Hay crímenes que son tan importantes y tan graves para la comunidad internacional que son perseguibles con independencia de quien los cometió sobre quien y donde y eso, desaparece por completo", explica en declaraciones a Europa Press.

   No es la primera vez que el Gobierno intenta desmarcarse de la persecución internacional de los delitos de mutilación genital femenina. Al ratificar, el pasado 6 de septiembre, el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia sobre la Mujer, el Gobierno introdujo una reserva para evitar tener que perseguir a extranjeros residentes en España que cometieran estos delitos fuera del país.

   Así lo denunció el Consejo General de la Abogacía Española, institución que exigió al Gobierno la eliminación de esta reserva al Convenio porque entendía que con ella, "se dejan impunes los delitos de género cometidos fuera de las fronteras", entre los que figuran, además de los malos tratos, el acoso sexual, el matrimonio forzoso y la mutilación genital femenina. 

   "Si un ciudadano extranjero residente en España acosa sexualmente a una mujer, o la obliga a abortar o la somete a una mutilación genital en otro país y vuelve a España, el delito aquí no sería perseguido. Pero si el autor reside en otro de los Estados europeos firmantes, sería perseguido y condenado, por lo que esta Reserva podría convertir a España en refugio de personas que buscan impunidad", señaló la Abogacía ya en octubre. En noviembre, la reserva fue retirada.

   Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo viven 140 millones de mujeres con sus órganos genitales mutilados. Se calcula que cada seis minutos una niña sufre la ablación en el mundo, es decir, tres millones de mujeres cada año. Sólo en España, 17.000 están en riesgo de ser mutiladas --son desplazadas por sus padres a los países de origen y allí se les practica--. El Ministerio de Sanidad ha anunciado este miércoles que renovará en junio el protocolo para la prevención y detección de estos casos en el sistema sanitario.