MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de la asociación Infancia Robada e impulsor de la campaña en Change.org 'El abuso no prescribe', Miguel Ángel Hurtado, ha mostrado su "profunda decepción" con el proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia que se aprobó este miércoles en Comisión del Congreso; asegura que se queda "corto" y pide que el plazo de prescripción comience a contar cuando la víctima cumple 40 años y no 30 como se recoge en el texto.
"Con esa cifra (30 años), el grueso de los casos de abuso sexual infantil prescribirían en cuanto la víctima tenga entre 35 y 40 años. Se tarda más en aceptar lo que te sucedió", aseguran las víctimas que esperan que la próxima semana, cuando el dictamen llegue al Pleno, se rectifique la edad.
Miguel Ángel Hurtado, quien sufrió abusos de pequeño en la Abadía de Montserrat lanzó una campaña en Change.org, que ya suma más de 530.000 firmas, solicitando que los tiempos de prescripción de los delitos de abuso sexual se amplíen. En la actualidad comienzan a contar una vez que la víctima cumple los 18 años.
Hurtado considera "profundamente decepcionante" el resultado de la tramitación de la norma hasta ahora en este sentido. "Se está estableciendo de momento que el plazo de prescripción sea cuando la víctima cumpla 30 años de edad. Esto significa que el grueso de casos de abuso sexual infantil prescribirán cuando la víctima tenga entre 35 y 40 años", advierte.
A su juicio, es "una reforma que sabe a poco, que llega tarde y que está mal hecha". "Desgraciadamente, el Gobierno ha decidido practicar el 'analfabetismo científico' a la hora de escoger cuál debe ser el nuevo plazo de prescripción para este tipo de delitos, dando la espalda a la evidencia empírica y condenando a la nueva ley al fracaso. Un triste ejemplo de obsolescencia programada legislativa", ha calificado Hurtado.
El impulsor de la iniciativa toma como muestra el estudio realizado por la Comisión Real de Investigación sobre las Respuestas Institucionales al Abuso Infantil, realizado en 2017 por la Iglesia Católica Australiana, que analizó las experiencias vividas por 4.445 supervivientes de pederastia que fueron abusados durante cinco décadas, y estableció que las víctimas tardaron de media 33 años en denunciar el delito, cuando ya tenían una media de 44 años de edad.
"Lamentablemente no podemos dar cifras sobre la realidad en nuestro país, porque España es un desierto estadístico. Tanto la Conferencia Episcopal como el Gobierno se niegan a realizar una investigación similar. Pero por pura lógica, las cifras no serían muy diferentes, probablemente incluso peores", ha explicado Hurtado.
En todo caso, se felicita porque la "mayoría" de partidos han escuchado su reclamación y existe una enmienda transaccional que pide al Gobierno ampliar el plazo, aunque no fue aprobada este miércoles en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad que aprobó este miércoles el informe de la ponencia.
"En una muestra de cerrazón difícil de comprender PSOE y Podemos se niegan a llegar a un acuerdo", expone Hurtado, mostrando su confianza en que esa enmienda pueda salir adelante la próxima semana en la votación en el Pleno.