MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -
Vox ha pedido al Gobierno, a través de una Proposición No de Ley (PNL) recogida por Europa Press, que destine los recursos necesarios a investigar los casos en los que haya indicios de delitos sexuales cometidos contra menores tutelados y a asegurar la protección y la seguridad de las víctimas.
En este sentido, ha reclamado que, en casos de delitos sexuales cometidos contra menores, el hecho de que la víctima esté bajo régimen de tutela o guarda residencial a cargo de entidades públicas o privadas se convierta en agravante para la responsabilidad criminal.
La iniciativa ha sido registrada en el Congreso de los Diputados para su debate en el Pleno por la portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, María José Rodríguez Millán Parro; y los diputados del partido, Blanca Armario González, Rocío de Meer Méndez e Ignacio Hoces Íñiguez. En ella, los diputados han insistido en que los poderes públicos lleven a cabo urgentemente "cuantas medidas sean necesarias para acabar con esta lacra social" ante el incremento de los casos de agresiones, explotación y prostitución de menores tutelados.
A lo largo del texto, los de Santiago Abascal también han reclamado que el Ejecutivo impulse las reformas necesarias para asegurar que la intervención judicial tiene lugar tanto en la valoración como en la decisión de la declaración de desemparo de los menores. A su vez, han insistido en que el Gobierno agilice y desburocratice "cuanto sea posible" la toma de decisiones de los organismos de tutela y promueva la homogenización de estos procedimientos en todas las regiones de España.
Desde el punto de vista de los diputados de Vox, el Ejecutivo tendría que favorecer que los padres mantengan con sus hijos una relación "lo más fluida posible" mientras dure la situación de desemparo y siempre que no peligre la integridad física o psíquica del menor. A su parecer, cuando haya evidencias de que se ha recuperado la capacidad de ejercer de forma debida la patria potestad y se hayan garantizado las condiciones adecuadas para el menor, el Gobierno tendría que promover el procedimiento de retorno ágil de éste con sus padres.
Asimismo, la PNL habla de impulsar e incentivar que el acogimiento de los menores se realice en familias en lugar de en centros residenciales y promover a tal efecto que se destinen los recursos necesarios para la asistencia y el seguimiento de las familias acogedoras por parte de las autoridades competentes. En este sentido, pide que, en los casos de menores fugados, se impulse una colaboración más estrecha entre las autoridades públicas, las de los centros residenciales de menores tutelados, las familias o tutores y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE).
Por otra parte, los diputados de Vox han recalcado la necesidad de que el Gobierno fomente mejores ratios, una formación especializada y adaptada a las necesidades y particularidades de los menores acogidos y una mayor estabilidad de los profesionales en colaboración con las administraciones implicadas, teniendo en cuenta las particularidades de cada centro. Con ello, pretende que se garantice la correcta atención de los menores que residen en los centros en régimen de tutela o guarda.
Por último, los de Santiago Abascal han solicitado que el Ejecutivo fomente la concienciación de los menores sobre los peligros y las amenazas de las nuevas tecnologías, "que pueden ser empleadas por delincuentes sexuales y por las mafias como medio de acercamiento a los menores".