MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El Reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) aprobado este viernes establece que los inmigrantes recluidos en estas instalaciones policiales en espera de expulsión tienen derecho "a tener en su compañía a sus hijos menores siempre que existan en el centro módulos que garanticen la unidad e intimidad familiar", una salvedad que contraviene la Directiva Europea de Retorno y las recomendaciones del Consejo de Estado al respecto.

   En concreto, el artículo 17.2 de la citada Directiva europea (2008/115/CE) establece que "a las familias internadas en espera de expulsión se les facilitará alojamiento separado que garantice un grado adecuado de intimidad", es decir, establece "un mandato incondicionado" que además, debería haberse incorporado al Derecho español antes del 24 de diciembre de 2010, pero no se ha hecho.

   Conforme explica el Consejo de Estado, la única transposición al ordenamiento jurídico español está en la Ley de Extranjería de 2009 y tiene el mismo redactado que ahora se ha incorporado al Reglamento de los CIE, es decir, supedita este derecho reconocido por la legislación europea a la disponibilidad de instalaciones adaptadas para la convivencia de las familias.

   "Este derecho, supeditado a la existencia de módulos apropiados, no tiene el mismo alcance que el precepto citado de la Directiva, que ordena en todo caso prever un alojamiento separado con un grado adecuado de intimidad para las familias internadas en espera de expulsión", señala el dictamen del Consejo de Estado, que pidió sin éxito que el Reglamento reprodujera "sin más" el mandato europeo.

   A juicio del Alto Cuerpo Consultivo, "frente a ello no cabe oponer cuestiones relativas a las instalaciones y a las disponibilidades materiales de los establecimientos, como parece sugerir el proyecto, pues son los centros de internamiento los que deben adaptarse al ordenamiento jurídico y no al revés".

   El Consejo de Estado no es la única institución que se había pronunciado en este sentido. En enero de 2013 el secretario General Técnico del propio Ministerio del Interior emitió un informe sobre los centros de internamiento en el que defendía que "el alojamiento separado de las familias internadas en espera de expulsión debía garantizarse" como imponía la directiva europea.

   También la campaña Que el Derecho no se detenga a las puertas de los CIE, integrada por organizaciones como SOS Racismo, Elín, Andalucía Acoge y APDHA, se expresó en este sentido cuando el Ministerio del Interior solicitó su opinión sobre el primer borrador del Reglamento de los CIE.

   Defendieron que los centros tenían que contar con módulos familiares, igual que el Grupo Socialista, que introdujo "la necesidad de garantizar módulos para la reagrupación familiar" en sus alegaciones al proyecto.