Aldeas Infantiles avisa del "riesgo" de excluir de la Agenda 2030 a 300.000 niños que pueden perder el cuidado parental

   MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Aldeas Infantiles SOS ha alertado del "riesgo" de dejar fuera de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a los 300.000 niños y niñas que están en riesgo de perder el cuidado parental y a los 47.493 ya lo han perdido y forman parte del sistema de protección. Así, con motivo del cuarto aniversario de la firma de los objetivos de Desarrollo Sostenible, que se celebra este miércoles 25 de septiembre, la organización ha pedido que se adopten 10 medidas específicas "para que estos menores no sean dejados atrás".

   La ONG de infancia recalca que los niños y jóvenes que han perdido o están en riesgo de perder el cuidado parental "tienen más posibilidades que sus iguales de experimentar discriminación, exclusión social, inseguridad laboral, pobreza y problemas de salud".

   Así, propone 10 recomendaciones para que los objetivos de Desarrollo Sostenible alcancen a los niñas y niñas en esta situación de vulnerabilidad en España, país que "no consigue avanzar en la reducción de la desigualdad". "Nuestro país está estancado en materia de inclusión social y económica e igualdad de oportunidades", destacan.

   De acuerdo a las estimaciones de la ONG, "uno de cada tres menores está en riesgo de pobreza o exclusión social y, cada día, más de 40 niños son víctimas del maltrato infantil en el ámbito familiar". "Ellos están más expuestos a sufrir violencia, explotación, abuso o negligencia durante su infancia y, al llegar a la edad adulta, se enfrentan a mayores desafíos para adaptarse a la vida autónoma y participar activamente en la sociedad", explica el presidente de Aldeas Infantiles SOS, Pedro Puig.

   Tal y como destacan desde la ONG, el espíritu de la Agenda 2030 es precisamente el de no dejar a nadie atrás y priorizar a aquellos que más ayuda necesitan. Pero, según advierte Puig, estos objetivos "no se alcanzarán" sin la adopción de medidas específicas en prevención y protección de la infancia en situación de vulnerabilidad que vayan acompañadas de la inversión necesaria.

   En este contexto, la organización de atención directa a la infancia reclama 10 medidas para que la Agenda 2030 alcance a los niños y jóvenes que han perdido el cuidado parental o están en riesgo de perderlo.

   Entre sus peticiones está la creación de un Pacto de Estado por la Infancia, así como un Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza Infantil que establezca "un marco coherente contra la exclusión, con objetivos específicos y el suficiente respaldo económico, y que asegure el incremento de la cuantía y la cobertura de la prestación por hijo a cargo".

   Asimismo, reclama dotar al sistema educativo de "los recursos suficientes para impartir una educación de calidad, inclusiva y holística, que garantice el éxito de los niños y jóvenes que han perdido el cuidado parental o están en riesgo de perderlo". También pide que se garantice "la calidad, la cobertura y el acceso equitativo a la educación y la atención integral de la primera infancia (0 a 3 años)".

   Para la ONG, también es necesario diseñar medidas específicas para apoyar a los jóvenes sin cuidado parental en el acceso a la educación superior, la formación profesional y el empleo; y desarrollar acciones y políticas laborales y de cuidado infantil que eviten que los hijos de padres trabajadores queden sin supervisión y cuidado.

    De igual modo, reclaman "estadísticas fehacientes y exhaustivas" sobre los niños en riesgo de perder el cuidado parental en España y sus familias; mejorar los sistemas de protección y prevención; y desarrollar programas que promuevan su participación plena en los ámbitos social, económico y político.

    Aldeas Infantiles piden desarrollar una Estrategia Integral para la Erradicación de la Violencia contra la Infancia articulada en torno a una Ley Orgánica que implique a las Administraciones y que plantee medidas de prevención, detección, intervención y restauración.

    Además, exige que se garqantice el derecho de los niños a ser escuchados y a participar a través de "canales reales y estables en las decisiones", planes y leyes que les afectan, especialmente en el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia.