Publicado 20/11/2024 13:04

Amnistía Internacional denuncia el "automatismo" de jueces para internar a migrantes en situación irregular en los CIE

Archivo - Una cámara de vigilancia en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca, a 26 de septiembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España).
Archivo - Una cámara de vigilancia en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca, a 26 de septiembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Pide al Gobierno "acabar con el secretismo y la falta de transparencia" sobre estos centros y reclama reformas legales

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional ha denunciado el "automatismo" de los jueces para internar a personas migrantes en situación irregular en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) "sin valorar otras alternativas".

Así lo ha puesto de manifiesto con motivo de la publicación este miércoles de su nuevo informe sobre los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) en España. Además, ha pedido al Gobierno "acabar con el secretismo y la falta de transparencia, garantizando el acceso a la información sobre las personas extranjeras que se encuentran privadas de libertad en los CIE sin restricciones".

En este sentido, Amnistía Internacional ha criticado que "las personas migrantes que son detenidas, en muchas ocasiones tras controles policiales racistas, son enviadas a los CIE en medio de un clima de falta de datos y opacidad". Asimismo, ha añadido que algunas de estas detenciones podrían considerarse "arbitrarias" si no cumplen los criterios de "legalidad, proporcionalidad y necesidad".

La organización ha destacado que, cada año, alrededor de 100.000 personas son detenidas en Europa por motivos relacionados con la migración, casi la mitad de las que llegan, dado que según la Organización Internacional para las Migraciones, en 2022 llegaron un total de 213.896 personas migrantes a Europa.

"Aunque se desconoce el número de personas que después de ser privadas de libertad son finalmente expulsadas de España, nuestro país no aplica, ni en la legislación ni en la práctica, las salvaguardas suficientes para impedir que se produzcan detenciones arbitrarias de las personas migrantes, especialmente cuando la expulsión o devolución no se ejecuta, por lo que se podría estar violando la prohibición internacional sobre detenciones arbitrarias", ha explicado.

También ha criticado la "falta de datos públicos" acerca de cuántas personas de las internadas en los CIE son finalmente expulsadas. Ello ha dicho que "contribuye a la opacidad existente, ya que la medida de internamiento solo puede estar justificada si finalmente se va a ejecutar la expulsión de las personas migrantes".

"La libertad incondicional debe ser siempre el punto de partida", ha afirmado el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, para añadir que "España prefiere usar la excusa del control migratorio para tratar a las personas migrantes como criminales".

La organización denuncia en el informe cómo existen cuatro fallos encadenados que hacen que la decisión sobre la privación de libertad no siempre se estudie de manera "adecuada, individual y caso por caso". Por un lado, el "automatismo" para el internamiento. La organización señala que cuando la policía, tras la detención de la persona en situación administrativa irregular, solicita su internamiento en un CIE, los jueces de instrucción suelen autorizar el internamiento siguiendo principalmente el criterio policial "sin valorar otro tipo de alternativas".

"Todas las personas entrevistadas han señalado que los jueces encargados no profundizaban suficientemente en el caso individual, sino que en muchas ocasiones utilizan argumentación estereotipada, y los autos contienen escasa motivación de las causas que justifican el internamiento", ha revelado la investigadora de Amnistía Internacional, Virginia Álvarez.

Además, la organización ha argumentado que la "insuficiente formación" sobre la realidad de las personas migrantes por parte de las personas encargadas del internamiento, así como la "mala coordinación" entre los distintos operadores jurídicos que intervienen en la privación de libertad en un CIE, son otras de las causas de ese "automatismo".

Otra de las causas, por último, es "la falta de una asistencia letrada de calidad en los procedimientos, que suele conllevar que la persona migrante se vea envuelta en un laberinto de procedimientos y papeleos de los que no es debidamente informada, lo cual contribuye al automatismo a la hora de valorar la privación de libertad".

"Pasar por un CIE no es cualquier cosa. Las consecuencias sobre los derechos humanos de las personas migrantes son variadas: provocan indefensión, obstaculizan su acceso a la justicia y repercuten en su salud mental", ha asegurado Álvarez.

En este sentido, Amnistía Internacional ha señalado que al "automatismo" a la hora de decidir sobre el internamiento en los CIE de las personas migrantes en situación irregular "contribuye el hecho de que en España se estén llevando a cabo, de forma normalizada, redadas por perfil racial que resultan discriminatorias y son una muestra del racismo estructural existente".

"Aunque España reformó el artículo 16 de la LOSC (Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza') referido a la identificación de personas en la vía pública por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, e incorporó la necesidad de observar el principio de igualdad de trato y no discriminación, sigue existiendo un amplio margen de discrecionalidad entre los agentes", ha denunciado.

REFORMAS EN LA LEY DE EXTRANJERÍA Y LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA

Por todo ello, la organización ha exigido reformar la Ley de Extranjería, "para asegurar que la privación de libertad sea la última medida a tomar, después de haber estudiado todas las alternativas, y teniendo en cuenta factores de vulnerabilidad u otras circunstancias, entre ellos problemas relativos a la salud mental, que se agravan con la privación de libertad".

Finalmente, ha pedido reformar el artículo 16 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana "para que se defina y prohíba expresamente las redadas por perfil racial, incorporando la definición de la ECRI (Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia): el empleo por parte de la policía, sin justificación objetiva y razonable, de la raza, color, lengua, religión, nacionalidad u origen étnico o nacional en las actividades de control, vigilancia o investigación".