Publicado 03/11/2023 12:02

Amnistía Internacional denuncia la "falta de información" sobre sus derechos a los migrantes menores llegados a Canarias

Decenas de migrantes a su llegada al puerto de La Restinga, a 31 de octubre de 2023, en El Hierro, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canarias (España).
Decenas de migrantes a su llegada al puerto de La Restinga, a 31 de octubre de 2023, en El Hierro, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canarias (España). - H.Bilbao - Europa Press

   MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Amnistía Internacional ha denunciado este viernes la "falta de información" sobre sus derechos a los migrantes menores llegados a Canarias en el mes de octubre.

   En este sentido, asegura que ha llevado a cabo una investigación en la que se ha puesto de manifiesto que nos se les informa de su derecho a solicitar asilo; no hay asistencia letrada y de interpretación de calidad; y tampoco infraestructuras para una adecuada recepción en la isla de El Hierro.

   Asimismo, ha apuntado que niños que viajan sin acompañamiento no están siendo identificados por parte de la policía, que, en cambio, los está deteniendo y enviando a centros para adultos. Además, ha indicado que a los menores se les está sustrayendo sus pertenencias.

   Un total de 30.705 migrantes han llegado a Canarias en 2023, según datos del balance del Ministerio del Interior a 31 de octubre de 2023. Las llegadas durante este año a las islas más que duplican (111,2%) las del ejercicio anterior por esta época. Sólo en el mes de octubre han llegado casi 18.000 personas.

   "El incremento repentino de llegadas puede presentar retos importantes, pero la realidad es que éstas no son inesperadas o excepcionales. Sin embargo, parece que el Ministerio de Interior se empeña en seguir improvisando respuestas caóticas a estas situaciones, aunque se hayan llevado a cabo algunas mejoras a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones", ha afirmado la responsable de investigación en Amnistía Internacional España, Virginia Álvarez.

   Del mismo modo, Álvarez ha asegurado que aunque se están realizando traslados a la Península con "mayor celeridad", la "falta de voluntad política para cumplir con los estándares de derechos humanos sigue siendo evidente".

ASISTENCIA LETRADA

   Por otro lado, desde Amnistía Internacional han expuesto que ninguna de las personas entrevistadas por la organización contó con asistencia letrada, un derecho que han explicado que durante "varias semanas" no se ha garantizado en los Centros de Atención Temporal a Extranjeros (CATES) de Tenerife y El Hierro. Igualmente, han agregado que cuando este finalmente se ha producido, "se ha realizado sin la comunicación adecuada, dada la falta de intérpretes suficientes".

   "Sin una asistencia letrada adecuada, que garantice que las personas migrantes y refugiadas puedan informarse y conocer sus derechos, y que permita evaluar de forma individual la situación de cada una de ellas, es más difícil que puedan detectarse sus vulnerabilidades y necesidades específicas. La falta de asistencia letrada y de interpretación de calidad es especialmente relevante para los casos de personas que, tal y como indicaron algunas con las que habló la organización, podrían enfrentar causas penales porque se les acuse de ser los patrones de la embarcación", han añadido.

   Igualmente, han indicado que la falta de asistencia letrada de calidad también afecta al derecho de solicitar asilo. Es el caso de cinco hombres malienses entrevistados por la organización que manifestaron su interés en pedir asilo pero que, según su testimonio, al llegar "únicamente" les solicitaron "su nombre y algún dato más", y durante el tiempo que permanecieron detenidos por la policía, tal y como ha asegurado la organización, "no tuvieron acceso a asistencia letrada, ni nadie les dio ningún tipo de información individualizada en su idioma".

   Del mismo modo, han aputado que "tampoco ninguna de las personas entrevistadas contaba con información o documentación notificando la orden de devolución". En este sentido, han recordado que sin asistencia letrada y sin que haya habido notificación de un posible expediente de devolución, dichas órdenes, en el caso de que hayan sido emitidas, son nulas y, por lo tanto, "no pueden ser ejecutadas".

NIÑOS "TRATADOS COMO ADULTOS"

   Amnistía Internacional ha constatado, según asegura, que las autoridades policiales "no están identificando adecuadamente a los niños y niñas que viajan sin compañía de personas adultas responsables, incluso cuando su apariencia física indica claramente que pueden ser menores de edad".

   Un total de 12 de las 29 personas entrevistadas por la organización, que estaban en los centros de acogida de emergencia para personas adultas, tenían edades comprendidas entre los 15 y 17 años. Todas estos menores de edad, según ha expuesto Amnistía Internacional, habían permanecido "varios días" detenidos en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), junto con personas adultas. Además, ha denunciado que ellos "no habían recibido ningún tipo de medida de protección adicional según obliga el derecho internacional de los derechos humanos".

   Del mismo modo, la organización apunta que diversas personas, muchas de ellas menores de edad, contaron a Amnistía Internacional que a su llegada la policía les quitó todos sus efectos personales, incluyendo algunos amuletos, así como los teléfonos móviles, metiéndolos en algunas ocasiones en bolsas "sin ningún tipo de identificación". Esta situación, ha explicado que "complica" la devolución de estos efectos personales por parte de las organizaciones que se encargan de la acogida de estas personas.

   Según datos proporcionados por la Fiscal de Trata y Extranjería autonómica, Canarias tiene bajo su tutela a alrededor de 4.000 menores, aunque se desconoce el número de migrantes que hay entre ellos. Además, Amnistía Internacional ha explicado que el Gobierno de Canarias tendría 1.980 menores pendientes de la determinación de la edad en Tenerife y 811 en Las Palmas. En este sentido, la organización ha denunciado que continúan realizando pruebas médicas sobre la determinación de la edad, "incluso cuando los y las menores aportan documentación que lo corrobora".

"FALTA DE HUMANIDAD"

   La organización también ha mostrado su preocupación ante la ausencia de una política estatal y de corresponsabilidad interterritorial para el traslado a otras comunidades autónomas "que permita acabar con la saturación del sistema de acogida de Canarias".

   En todo caso, El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las comunidades autónomas acordaron el pasado 11 de octubre el "traslado solidario" de 396 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta, según ha informado el departamento que dirige Ione Belarra.

   Según el Gobierno canario, en apenas tres meses, ha abierto 18 nuevos dispositivos de emergencia para la acogida y atención de menores migrantes no acompañados, por lo que, en estos momentos, Canarias cuenta con un total de 54 recursos, en los que están siendo atendidos más de 4.200 niños, niñas y adolescentes que están bajo la tutela del Gobierno canario. Por este motivo, el Ejecutivo autonómico considera el acuerdo de traslado insuficiente.

DISCRUSOS "RACISTAS Y XENÓFOBOS"

   Por otro lado, Amnistía Internacional indica que la llegada de migrantes a las islas ha sido "aprovechada" por algunas autoridades para "aumentar los discursos racistas y xenófobos que fomentan la violencia hacia colectivos en situación de especial vulnerabilidad". Del mismo modo, ha denunciado que "falta de humanidad" y ha recordado que tachar de "invasión", o vincular la llegada de personas migrantes y posibles refugiadas con el terrorismo, las enfermedades, o la inseguridad nacional "puede suponer una estigmatización y deshumanización de estas personas".

   Por todo ello, la organización pide garantizar el acceso a procedimientos de asilo "con todas las garantías", la "adecuada" atención y acogida de personas migrantes y refugiadas, asegurar la protección jurídica "efectiva" de los niños no acompañados y "velar" por que se aplique el principio de no devolución, impartir formación a los profesionales pertinentes, mejorar la coordinación entre las diferentes administraciones y "abstenerse" de realizar mensajes y discursos que incitan a la violencia contra personas migrantes y refugiadas.

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