El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, interviene durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 12 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, interviene durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 12 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press
Los grupos del Congreso rechazan enmiendas de totalidad de PP y Vox a los cambios pero CC pide excepcionalidad para Canarias y Junts más medios
MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reconocido este jueves que la reforma del Gobierno de los procesos de determinación de la edad de migrantes puede generar "inquietud" en los territorios con presión migratoria. No obstante, ha prometido agilidad.
"El Gobierno es plenamente consciente de que esta nueva regulación garantista para los derechos de los menores puede generar inquietud en algunos territorios con especial presión migratoria y que podría temerse una mayor demora en los tiempos de gestión como consecuencia de la aprobación de estas normas", ha asegurado Bolaños en el Pleno del Congreso de los Diputados, que ha debatido las enmiendas a la totalidad del PP y Vox para devolver al Ejecutivo sus leyes para determinar la edad de los menores migrantes. Esta reforma del Gobierno fue aprobada por el Consejo de Ministros en noviembre del año pasado.
Si bien, el ministro se ha comprometido a que los procedimientos judiciales sean "ágiles", así como a tener en cuenta "todas las reivindicaciones y todas las cuestiones que planteen territorios con especial presión migratoria". En concreto, se ha referido a Canarias, Ceuta y Melilla.
"Por ello, quiero trasladarles la voluntad del Gobierno de dotar de recursos suficientes a la Administración de Justicia en línea con lo que está suponiendo ya la ley de eficiencia del Servicio Público de la Justicia para que no existan demoras injustificadas y, en este caso, de determinación de la edad de menores totalmente injustificables", ha destacado.
Igualmente, ha dicho que le parece "difícil" de entender por qué se han presentado dos enmiendas a la totalidad a estos textos. Además, ha indicado que a PP y Vox no puede preocuparles que un juez, con las debidas garantías, determine quiénes son menores y, por tanto, quiénes pueden ser acogidos en el sistema.
"Creo que el debate de fondo que nos trae a este procedimiento, a esta tramitación de este debate a la totalidad, creo que, en definitiva, estamos hablando del núcleo más fundamental de la democracia. Es decir, si el núcleo de nuestra democracia son los derechos o, por el contrario, es la exclusión, el intento de exclusión, incluso la crueldad con precisamente los más desprotegidos que son los menores", ha apuntado.
Bolaños también ha defendido que los proyectos de ley aprobados tienen como objetivo "proteger y garantizar los derechos de los menores en los procesos de determinación de la edad", cumpliendo así las recomendaciones de los organismos internacionales en esta materia.
Mientras, los grupos del Congreso han rechazado en el debate las enmiendas a la totalidad del PP y Vox. Además, los socios del PSOE en el Gobierno han expresado dudas en cuanto a la reforma del Gobierno.
PP VE "DEFICIENCIAS" Y "CARENCIAS" EN LA REFORMA DEL GOBIERNO
Por parte del PP, Sofía Acedo ha destacado las "deficiencias" y "carencias" que tiene la reforma del Ejecutivo frente a un momento de crisis migratorias. En esta línea, ha asegurado que el procedimiento de determinación de la edad "sin plazos ciertos y reales, sin delimitación de las actuaciones y sin financiación para sustanciarlo, no garantizará ni los derechos ni la protección de los menores".
Asimismo, ha expuesto que la reforma del Ejecutivo va tener una "incidencia directa" en la gestión y la atención a los menores inmigrantes, en la política migratoria en términos generales. También ha avisado de que esta modificación va a suponer una "sobrecarga sin precedentes" en los sistemas de protección autonómica. En este sentido, Acedo ha hecho referencia también a los juzgados de familia, que "requieren ya de una mayor dotación de medios.
Por su parte, Francisco Javier Ortega, de Vox, ha señalado que la reforma del Ejecutivo se trata de una "trampa", que busca "blanquear" el "problema" de la migración irregular. También ha advertido de que estos proyectos de ley "generarán colapso, mayor litigiosidad y mayor ineficacia operativa". En este sentido, ha explicado que la reforma del Gobierno va a generar "mayor colapso" en los juzgados, que ha dicho que "ya tienen una importantísima falta de medios humanos y materiales". "Y, por tanto, va a generar mayor retraso en los asuntos judiciales", ha asegurado para añadir que lo van a pagar los españoles.
Igualmente, ha avisado de que esta situación de "inseguridad jurídica", de indeterminación en la edad, también va a generar "mayor delincuencia y mayor inseguridad". Además, ha recalcado que va a incrementar el "efecto llamada".
La socialista Emilia Almodóvar ha acusado al PP de "mercadear" con los derechos de los menores y le ha reprochado no haber trabajado un texto alternativo. "Su aportación única es pedir dinero para sus comunidades autónomas", ha recalcado.
Por Sumar, Nahuel González, ha pedido no dejar el futuro de los menores "en manos de una panda de racistas a las que les da igual los derechos de la infancia". "Estemos a la altura, protejamos a cada menor migrante como una promesa, combatamos el racismo, porque cuando lo combatimos no sólo defendemos sus derechos, salvamos nuestra propia humanidad", ha apuntado.
Por parte de Podemos, la diputada Martina Velarde ha indicado que es "muy importante" que se desarrolle esta la reforma del Ejecutivo, pero ha agregado que es "muy mejorable" porque "en algunos aspectos no mejora la situación actual sino que en ocasiones la empeora". También ha avanzado que los 'morados' presentarán enmiendas para que sea un texto que garantice la tutela judicial "efectiva" de los menores, así como para que se adecue a la situación de los territorios como Canarias.
Cristina Valido, de Coalición Canaria, ha indicado que la reforma genera "inquietud" ante el temor de que lleve a "mayores demoras". Así, ha pedido que se tenga en consideración la excepcionalidad de los territorios fronterizos, su situación y la saturación de los centros.
Mikel Legarda, del PNV, ha dicho que un cambio de modelo como el que propone el Ejecutivo debiera tener una previsión de puesta en práctica de manera gradual iniciándose en aquellos territorios que menos sufran la sobrepoblación de menores extranjeros no acompañados.
Mientras, Josep Pagés, de Junts, ha avanzado que si el cambio de procedimiento de determinación de la edad no se acompaña de recursos económicos "suficientes" para financiar los recursos humanos y técnicos necesarios, "los efectos de la ley serán contrarios al objetivo de proteger a los menores". También Jordi Salvador, de ERC, ha dicho que la reforma del Gobierno "deja muchas puertas abiertas a la desconfianza sistemática contra los niños migrantes".
De las normas que el Ejcutivo ha traído para tramitar conjuntamente en el Congreso, la primera atribuye la competencia del proceso, con carácter general, a los Juzgados de Primera Instancia especializados en asuntos de familia o, de no existir especialización, al que por turno de reparto corresponda.
El protocolo a seguir en el procedimiento se rige por el principio del superior interés del menor, la presunción de minoría de edad, el derecho a ser oído y tomar parte en el procedimiento, la prohibición de pruebas invasivas y desnudos integrales, y la especialización de los profesionales intervinientes. Este proyecto prevé la intervención del Ministerio Fiscal, y solo podrá iniciarse cuando la persona que alegue su minoría de edad se encuentre indocumentada o existan motivos para impugnar la validez de la documentación aportada.
La segunda norma especifica que esa determinación de la edad será competencia del Juzgado de Menores cuando la persona se encuentre detenida por su presunta participación en una infracción penal y exista duda razonable sobre su minoría o mayoría de edad.