Publicado 29/09/2022 15:06

Bruselas reactiva expediente abierto contra España por no aplicar la directiva de retorno

Detenidos el patrón y un ocupante de una embarcación tras arrojar en la costa de Melilla a cinco migrantes
Detenidos el patrón y un ocupante de una embarcación tras arrojar en la costa de Melilla a cinco migrantes - GUARDIA CIVIL

BRUSELAS 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha remitido un nuevo aviso a las autoridades españolas por incumplir con la transposición de la directiva que regula las deportaciones de migrantes en la Unión Europea, un caso por el que Bruselas ya amenazó a España con acudir a la Justicia europea si no transponía la norma pero que finalmente no concluyó.

Los servicios comunitarios envían ahora una carta de emplazamiento a España instando a la transposición correcta de la directiva de retorno a su legislación nacional, lo que supone un paso inicial en un procedimiento de infracción que, en última instancia, prevé un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE si el Estado miembro infractor no corrige las deficiencias identificadas por Bruselas.

Entre las irregularidades que motivaron la apertura del primer expediente figuraban la incorrecta transposición de la definición de retorno a la legislación nacional y también el incumplimiento de la obligación de emitir las decisiones de retorno a nacionales de terceros países.

También preocupó a los servicios comunitarios que la ley española no contara con una "definición clara" del papel del Defensor del Pueblo en su función de órgano de supervisión, de acuerdo a las reglas que establece la directiva de retorno.

El Ejecutivo comunitario considera que España y Alemania, Bélgica y Grecia, a los que también expedienta, han transpuesto "de manera incorrecta" ciertas disposiciones de la directiva y les da un plazo de dos meses para responder a las alegaciones de los servicios comunitarios.

En ausencia de una respuesta satisfactoria Bruselas valorará si dar el siguiente paso en un procedimiento de infracción, que supone el envío de un dictamen motivado y nuevo plazo de diálogo antes de decidir si llegar a la última fase del expediente y denunciar al país ante el Tribunal de Justicia de la UE.