Casi 700.000 extranjeros se encontraban en situación irregular en España en 2023, según Funcas

   La mayoría son del continente americano, destacando los colombianos, hondureños, peruanos y venezolanos

   MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

   Un total de 686.000 personas se encontraban en situación irregular en España en 2023, según estimaciones de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas). "Habida cuenta del incremento de población extranjera puesto de manifiesto por otras fuentes estadísticas en 2023 y la tendencia creciente en el número de inmigrantes en situación irregular observada en los últimos años, no es arriesgado suponer que la cifra total de estos se sitúa en la actualidad por encima de 700.000", añade la entidad.

   En este sentido, recuerda que en enero del año pasado se alcanzó los 4,1 millones de personas con nacionalidades no comunitarias que residían en España, y se calcula que actualmente la cifra sería de casi 4,4 millones, según indica el primer número de 'Notas de Coyuntura Social', publicación trimestral de Funcas que aborda temas de actualidad a partir del análisis de fuentes estadísticas que permitan dimensionar los problemas sociales y contribuir a la reflexión y al debate público.

   De este modo, las conclusiones del informe arrojan que una parte de la población extranjera no comunitaria, entendida como la que cuenta con una nacionalidad distinta de las de los Estados miembros de la Unión Europea, Reino Unido y los países de la AELC (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), se halla en situación administrativa irregular.

LOS MIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR SE HAN QUINTUPLICADO EN 7 AÑOS

   Según estimaciones de Funcas, a principios de 2023 el número de personas en esa situación ascendía a 686.111 (el 17% de la población no comunitaria residente entonces en España). El número de extranjeros en situación irregular se habría más que quintuplicado desde hace 7 años pasando de los 127.066 estimados en 2017 a los 686.11 de 2023.

   Entre las personas en situación irregular, destacan las que acreditan nacionalidades americanas (600.000 personas), nacionalidades europeas no comunitarias (alrededor de 51.000) y africanas (cerca de 35.000).

   Por nacionalidades, entre los americanos, en situación irregular destacan los colombianos (209.686), hondureños (82.684), peruanos (71.862) y venezolanos (51.544); entre los africanos, los marroquíes (16.037), senegaleses (6.686) y argelinos (6.450); entre los asiáticos, los paquistaníes (1.086); y entre los europeos no comunitarios, los rusos (8.554).

   Para realizar esta estimación, Funcas ha seguido una metodología similar a la de Gálvez-Iniesta (2020), quien, a su vez, se basa en González Ferrer y Cebolla Boado (2008). Para ello, se considera como población en situación regular o cuasirregular a la que cuenta con un permiso de residencia (o lo está renovando), o con un permiso de estudios (o un permiso para familiares cercanos derivado de este), o tiene pendiente la resolución de su petición de asilo. Sumada la población en estas categorías, la población en situación irregular se obtiene sustrayendo de esa suma las cifras oficiales de población.

   La fundación asegura que estas cifras "superan ampliamente las que de forma habitual aparecen en distintos foros y medios como estimación del número de potenciales beneficiarios de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada recientemente en el Congreso de los Diputados y que pretende legalizar la situación de aquellos extranjeros que, antes del 1 de noviembre de 2021, residían en territorio español".

200.000 FUERA DE LA PROPUESTA DE REGULARIZACIÓN DE LA ILP

   Así, recalca que se suele tomar como referencia del número de personas que se podrían beneficiar de esta iniciativa la cifra de 500.000, lo que convertiría a esta regularización extraordinaria en la segunda más extensa de las efectuadas hasta ahora, solo por detrás de la última, de 2005, en la que se aceptaron 576.506 solicitudes.

   Sin embargo, Funcas advierte de que a pesar de su magnitud, la nueva regularización extraordinaria dejaría fuera a aquellos extranjeros que, habiendo llegado a España después del 1 de noviembre de 2021, todavía no han conseguido regularizar su situación administrativa a través de los cauces legales previstos. De las estimaciones de Funcas se desprende que este grupo podría sobrepasar las 200.000 personas.

   Además, Funcas considera que estas estimaciones "ponen de relieve las insuficiencias del modelo de gestión de la migración, con unos canales de regularización que no se adaptan al contexto actual de intensos flujos migratorios de entrada".

   Según explica, aplicado desde 2005, el mecanismo de regularización por arraigo (social, familiar, laboral y, desde 2022, de formación) ha regularizado de forma individual y continua la situación de buena parte de los inmigrantes si han residido en España al menos dos o tres años, dependiendo del tipo de arraigo.

   "El establecimiento de este mecanismo, si bien ha evitado la urgencia de regularizaciones extraordinarias durante casi dos décadas (que exigen esfuerzos de gestión administrativa también extraordinarios), no ha impedido que en momentos de gran intensidad de llegadas de extranjeros, como el actual, el número de quienes carecen de autorización administrativa para residir en España alcance cifras elevadas", advierte.

   Al mismo tiempo, apunta que recurrir a las regularizaciones extraordinarias "evidencia un problema característico de la política migratoria española: la falta de planificación y proactividad".

   En todo caso, admite que las regularizaciones extraordinarias que se realizaron en el periodo 1986-2005 recibieron amplio apoyo de diferentes sectores de la sociedad española, que han valorado la integración de estos inmigrantes en el mercado laboral formal y su contribución al sistema de Seguridad Social y, en definitiva, al crecimiento de la economía.

    "La utilización de herramientas más proactivas de gestión de la migración (como colaboraciones con los países de origen para la migración y la formación, o acuerdos de migración laboral dirigidos a sectores u ocupaciones específicos) podría mejorar la gestión de los flujos migratorios, facilitar la integración económica y social de los inmigrantes y contribuir a una política migratoria más coherente y efectiva", concluye.