MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha pedido a los países de la Unión Europea, principalmente a España, que se comprometan a impulsar medidas para garantizar el acceso a la protección de la población afectada por el terremoto de Marruecos y las inundaciones en Libia, países ambos de tránsito y de acogida de personas migrantes y refugiadas.
Estos desastres naturales no solo han provocado miles de muertes, sino que han destruido ciudades y comunidades, "desencadenando desplazamientos forzados que a medio y largo plazo pueden tener un fuerte impacto en los flujos migratorios hacia Europa", según señala la organización.
En el caso de Marruecos, al menos 300.000 personas se han visto afectadas por el terremoto. Por este motivo, CEAR muestra su enorme preocupación por las consecuencias que puede tener en las condiciones de vida del pueblo marroquí y de todas las personas migrantes y refugiadas que residen o están en tránsito en el país, ya que "desgraciadamente se han visto especialmente azotadas las zonas más empobrecidas, que tradicionalmente generan emigración hacia Europa".
En este sentido, señala que las comunidades subsaharianas varadas en las zonas afectadas afrontan una mayor vulnerabilidad. Al menos 19.323 personas refugiadas están registradas por ACNUR como refugiadas o solicitantes de asilo, pero miles más se encuentran en el país sin reconocimiento oficial.
En el caso de Libia, el ciclón Daniel ha demostrado una vez más las dramáticas consecuencias que está teniendo el cambio climático en todo el planeta, ante un fenómeno de proporciones "nunca antes visto" en el Mediterráneo.
CEAR destaca que especialmente preocupa la situación en la que quedan poblaciones que ya se encontraban en situaciones de extrema vulnerabilidad, debido a conflictos o violaciones de derechos humanos como las que sufren las personas migrantes y refugiadas en el país norteafricano, donde al menos 50.000 viven atrapadas debido al control y externalización de fronteras europeas.
La organización ha lanzado una campaña de firmas ciudadanas en la que especifica varias medidas urgentes que los Estados miembro de la UE deberían promover para garantizar los derechos de las personas desplazadas forzosamente por ambos desastres, como avanzar hacia interpretaciones amplias de la Convención de Ginebra, incluyendo como personas refugiadas a quienes tienen que huir como consecuencia del cambio climático o la degradación medioambiental.
También reclama habilitar vías legales y seguras para que puedan llegar a Europa sin arriesgar sus vidas: conceder visados humanitarios para facilitar las llegadas; cuotas de reasentamiento más ambiciosas para trasladar lo antes posible a las personas refugiadas atrapadas en ambos países; facilitar la solicitud de asilo en embajadas y consulados, como marca la Ley de Asilo española; y flexibilización de los requisitos de reagrupación familiar .
Por último, exige aplicar la obligación de no devolución a un país cuando existe un grave riesgo para la vida e integridad física, como podría suceder en ambos casos.