El Defensor del Pueblo cree que "no es labor" de la Policía llevar un CIE y propone funcionarios especializados

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Muestra su preocupación porque el protocolo para recibir a los migrantes no ha cambiado en 30 años: "Chirría un poco"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El Defensor del Pueblo ha propuesto en el Congreso la creación de una estructura de empleados públicos especializados para llevar "el grueso" de las tareas de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) porque, a su juicio, "los policías no son los funcionarios adecuados para desarrollar" ciertas tareas, como la vigilancia en los comedores o en las habitaciones.

"Los policías hacen muy bien la tarea de custodia", ha explicado el defensor en funciones, Francisco Fernández Marugán, que, sin embargo, cree que "no tiene sentido" que realicen otras tareas de vigilancia porque "esa no es su labor".

"Se podría pensar la posibilidad de una estructura de empleados públicos más especializada, como existe en los Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), en los que existen empleados dependientes del Ministerio de Trabajo que tienen asignada sus tareas y comparten espacio con la Policía que tiene adscritas otras funciones.

Fernández Marugán ha hecho estas declaraciones ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo donde ha presentado el Informe Anual correspondiente a 2017, en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Este documento, que ya se había hecho público el pasado julio, analiza la situación de los centros de privación de libertad en España, tanto de corta, como de media y larga duración.

INTERNAMIENTO SÓLO CON POSIBILIDAD DE EXPULSIÓN

Sobre los CIE, el Defensor ha analizado la "pertinencia" del internamiento de los extranjeros y ha denunciado que, en ocasiones, se usan para "aliviar los problemas que ocurren en los puntos de frontera". "Y no están para eso", ha indicado. En este sentido, ha propuesto la creación de "algún mecanismo" que estudie la situación de los migrantes en estos centros, de manera que sólo se lleve a los CIE a las personas "cuando su posibilidad de expulsión sean reales y ciertas".

El Defensor ha advertido que estos centros "ya son de privación de libertad de media duración" con carencias como las propias instalaciones, la asistencia sanitaria, la asistencia psicológica y psiquiátrica o la jurídica.

Una de las preocupaciones que ha mostrado Fernández Marugán, en este sentido, es que hay tres momentos en la llegada de inmigrantes, la patera, la detención y la entrada en el CIE, que no ha cambiado desde la llegada de los primeros inmigrantes "hace 30 años" y, por lo tanto, las políticas y situaciones en esta materia "chirrían un poco".

EL PROBLEMA EN EL MAR, Y NO EN LA VALLA

El Defensor ha recordado que los primeros inmigrantes llegaron hace tres décadas a Tarifa y que, ahora, las cifras son muy diferentes. En este sentido, ha indicado que, según los datos de Interior, en 2018 han llegado a las costas españolas 1.636 pateras lo que, a su juicio, demuestra los problemas que sufren los países africanos. "Yo soy de la ideología de que hay un fenómeno de expulsión", ha apuntado, para señalar que el problema no está en las vallas fronterizas, según determinan las cifras, sino en el mar.

Tanto PSOE, como PP, Unidos Podemos y Ciudadanos han agradecido al Defensor su labor en esta materia y el informe realizado. La portavoz del grupo confederal, Maribel Mora, y su homólogo de Ciudadanos, Rodrigo Gómez, han destacado el aumento de visitas realizado por la Defensoría a centros de privación de libertad durante el año pasado: 107.

En este sentido, han preguntado a Fernández Marugán si los presupuestos con los que cuenta son suficientes. "Yo quiero más dinero", ha reconocido el compareciente, quien ha pedido que "no digan por ahí" que lo ha pedido porque, a su juicio, "quedaría frívolo".

Aún así, ha puesto ejemplos en los que ha reconocido que hace falta más personal para llevar a cabo informes más detallados y, para ello, también, mejor financiación. Actualmente, según ha indicado, su presupuesto forma parte de la partida destinada a las Cortes Generales y en 2017 fue de 14,8 millones de euros.