La demora en trámites de asilo y la insuficiencia de plazas de acogida, preocupación del Defensor del Pueblo

Imagen de archivo del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán en el Congreso - CONGRESO - Archivo

   En su informe anual de 2019, llama a revisar la gestión del sistema de acogida ante el aumento exponencial de solicitudes de asilo

   MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

   El Defensor del Pueblo ha urgido a abordar "con urgencia" la demora en la tramitación de las solicitudes de protección de internacional en España, así como "la clara insuficiencia de plazas del sistema de acogida". Según esta institución, estas cuestiones afectan a la "credibilidad" del sistema de asilo español y "necesitan ser abordadas de modo integral con urgencia".

   Así lo ha expuesto en el Informe Anual de 2019 que ha entregado este miércoles al Congreso de los Diputados. En este documento, el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha explicado las "carencias estructurales" identificadas en el ámbito de la gestión de la inmigración y de los procedimientos de protección internacional en España que afectan a ciudadanos extranjeros que están en el país.

   "Se considera imprescindible que se aborde sin más demora la necesidad de reforzar la coordinación entre los distintos organismos de las administraciones públicas con competencias en la materia y la exigencia de una política migratoria que contemple todo el fenómeno en su totalidad", ha afirmado la institución en dicho documento, al igual que avisó en ediciones anteriores.

   En este informe, el Defensor del Pueblo ha puesto de relieve que en 2019 se alcanzó una cifra histórica en solicitudes de protección internacional (118.264 personas), a diferencia de lo ocurrido durante 2018, cuando lo principal fue el récord de entradas irregulares (casi 65.000 personas). La cuestión sobre peticiones de asilo y su tramitación es la que más quejas ha ocasionado en 2019, tal y como ha asegurado.

REVISIÓN DEL SISTEMA DE ACOGIDA

   A juicio del Defensor del Pueblo, se necesita una "revisión orgánica y funcional" de la gestión de la acogida humanitaria tanto de las personas que acceden de manera irregular a España y que no pueden ser expulsadas del territorio, así como de aquellas que solicitan protección internacional.

   El sistema nacional de acogida está atendiendo a cerca de 30.000 personas cada día y dispone de más de 9.000 plazas, incluyendo las gestionadas por las ONG con financiación pública, a las que hay que sumar los 4.500 alojamientos de la fase previa de evaluación y derivación, según datos de la Secretaría de Estado de Migraciones facilitados en noviembre. Este organismo precisó entonces que, ante el aumento de solicitantes de asilo, se adoptaron medidas como el incremento de 1.600 plazas y alojamientos provisionales, entre otras.

   En cualquier caso, el Defensor del Pueblo ha detectado "deficiencias en la coordinación" en varios organismos adscritos a distintos departamentos ministeriales y con competencias concurrentes; y, en segundo lugar, una falta de participación de las comunidades autónomas y los ayuntamientos en la gestión de la acogida.

   El Defensor del Pueblo, señalando a la Secretaría de Estado de Migraciones por ser la competente para gestionar el sistema de acogida, ha asegurado que "no ha habido capacidad para la planificación de las medidas de choque necesarias ante el aumento exponencial de solicitudes en un período corto de tiempo".

   "Esta falta de previsión ha supuesto que un número cada vez más considerable de personas con necesidades de protección internacional no vean atendidas sus necesidades", ha agregado, remarcando que entre estas personas se encuentran aquellas que no pueden acceder al sistema de acogida porque no consiguen cita para formular sus solicitudes, entre otras.

   Al respecto, sobre las medidas adoptadas para la tramitación y resolución de los expedientes de protección internacional, el Defensor considera que "a medio plazo, contribuirán sin duda a una sustancial mejora del sistema".

   Sin embargo, ha avisado de que "el número de expedientes sin resolver de años anteriores y la carencia de medios humanos y materiales que históricamente arrastra la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) han hecho que las medidas puestas en marcha "no hayan dado aún los resultados previstos".

PROTOCOLO ANTE LAS LLEGADAS IRREGULARES EN PATERA

   Otra cuestión que un año más ha sido objeto de supervisión y causa de quejas "constantes" ante el Defensor se refiere a la actuación de la Administración respecto a los extranjeros que son interceptados intentando acceder irregularmente a territorio español, tal y como ha subrayado.

   En este contexto, ha lamentado que 2019 finalizase sin la aprobación de un protocolo de actuación ante la llegada de grandes contingentes de personas migrantes a costas españolas, que debe ser elaborado por parte de la Secretaría de Estado de Migraciones. Al respecto, Fernández Marugán sostiene que la situación migratoria actual supera "con mucho el actual diseño del programa de acogida humanitaria, que padece significativas carencias".

   A juicio del Defensor del Pueblo, esta cuestión "debería ser abordada sin más demora", convocando a los ayuntamientos y comunidades autónomas para el diseño "de un sistema que tome en consideración todas las vertientes que supone la gestión de la irregularidad documental de quienes no son expulsados".

   En relación a esto, la institución ha apuntado que otro asunto que provoca constantes intervenciones se refiere "a las trabas a las que se enfrentan los ciudadanos extranjeros para el ejercicio de los derechos de los que son titulares ante las distintas administraciones públicas, al temer ser detenidos cuando acuden a realizar gestiones de distinta naturaleza".

   En este punto, ha recordado la recomendación realizada sobre la necesidad de entregar un documento a los extranjeros en situación irregular cuya expulsión no puede ser ejecutada, en el que se indique el aplazamiento o la suspensión.

   Por otro lado, según la institución, las quejas principales de los más de cinco millones de personas extranjeras que residen legalmente en España se refieren, fundamentalmente, "a los graves retrasos que padecen sus solicitudes de nacionalidad española por residencia", así como "la imposibilidad de obtención de cita en un plazo razonable para la realización de cualquier trámite de extranjería".