El Defensor del Pueblo ya ha concluido su estudio sobre menores migrantes pero valora si presentarlo o no públicamente

   MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha señalado este martes que la institución ha realizado un estudio sobre menores migrantes no acompañados, que ha añadido que ya está acabado. Si bien, ha avisado de que tendrá que evaluar si es para su "consumo" o es "bueno" presentarlo a la sociedad.

   "El informe lo hemos realizado, no llamaría informe, es un estudio muy a fondo sobre menores extranjeros no acompañados. Un informe donde hay, me parece a mí, buena información. Confío y espero que pronto esté ultimado para que pueda ver la luz, pero es una decisión que tenemos que adoptar quienes estamos en el Defensor del Pueblo. Pero sí le diría que es una decisión que tenemos que tomar", ha asegurado Gabilondo en rueda de prensa en el Congreso después de entregar este martes a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, el informe anual del Defensor del Pueblo.

   En este sentido, Gabilondo ha agregado que no tiene una fecha para que este estudio sea publicado y ha dicho que espera estar "a la altura" en esta cuestión. "Simplemente, les digo que sí, es cierto, el informe está hecho. Veremos si es para nuestro consumo, en el mejor sentido de esa palabra, de los trabajos que hacemos, o vemos que es bueno presentarlo a toda la sociedad. Pero es una decisión también a quienes llamo también al Consejo de Coordinación, donde hablaremos sobre este asunto y decidiremos al respecto. Pero se ha hecho el trabajo y está realizado", ha matizado.

   En esta misma línea, en su informe anual apunta que la situación de los menores extranjeros no acompañados "será objeto de un tratamiento específico por parte del Defensor del Pueblo".

   Precisamente, el Gobierno y Junts acordaron recientemente una reforma de la Ley de Extranjería para repartir de forma obligatoria a menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. Según precisa el Ejecutivo en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo de este real decreto-ley, el año pasado llegaron de forma irregular a España más de 5.850 menores migrantes, un 14% más que en 2023, cuando arribaron 5.151.

   Por otro lado, el Defensor del Pueblo lamenta en su informe anual que sigue sin firmarse el Protocolo para la comunicación de datos relativos a la salud de las personas extranjeras acogidos en un centro de estancia temporal de inmigrantes, cuando son trasladados a un centro de internamiento de extranjero (CIE).

   En este sentido, explica que la Secretaría de Estado de Migraciones comunicó que debe ser el Ministerio del Interior quien lo impulse. "Continúan abiertas las actuaciones ya que, a juicio del Defensor del Pueblo, esta cuestión no debería seguir sin revolverse", asegura.

   Asimismo, indica que durante 2024 fueron "numerosas" las quejas recibidas por las condiciones de acogida en los distintos recursos del sistema de acogida humanitaria.

   En esta línea, explica que tras la visita no anunciada al Centro de Acogida de Emergencia y Derivación (CAED) en Alcalá de Henares (Madrid), dio traslado a la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional de sus conclusiones, entre otras, la falta de adecuación de las instalaciones para una estancia prolongada en el tiempo; las limitaciones en el número de intérpretes, servicios jurídicos, sanitarios y psicosociales; la presencia de presuntos menores de edad, y de un número elevado de personas que manifestaban tener necesidades de protección internacional y que no lograban obtener cita para pedir asilo durante su estancia en el recurso.

"PREOCUPACIÓN" POR LAS OFICINAS DE EXTRANJERÍA

   Respecto a las oficinas de Extranjería, el Defensor del Pueblo muestra de nuevo, al igual que en los últimos informes, su "preocupación" por la "disparidad de criterios" apreciada en estos espacios. "Su dependencia orgánica y funcional no contribuye a la existencia de unos criterios únicos", añade.

   En cuanto a las personas solicitantes de protección internacional, Gabilondo avisa de que, mientras que no se ponga en marcha un procedimiento alternativo para estas personas, será "muy difícil" adoptar medidas que contribuyan a aligerar y racionalizar la carga de trabajo que padece la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), dependiente de la Dirección General de Protección Internacional.

   El Defensor del Pueblo también hace referencia al nuevo Reglamento de Extranjería, aprobado por el Gobierno en noviembre del año pasado. Gabilondo expone que su redacción "plantea varias cuestiones respecto de su aplicación práctica, por lo que habrá que esperar a su entrada en vigor para hacer una valoración por parte de esta institución".

   En esta misma línea, las ONG Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes interpusieron el pasado 20 de enero un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo por el nuevo Reglamento de Extranjería, debido a la "incompatibilidad" entre el procedimiento de protección internacional y los arraigos, según informaron en un comunicado.