El Defensor del Pueblo asegura que hubo "falta de previsión" y "descoordinación" en la crisis migratoria de Canarias

   MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El Defensor del Pueblo (e.f), Francisco Fernández Marugán, ha asegurado este martes que las administraciones "no estaban preparadas pra dar una respuesta adecuada" a la crisis migratoria en Canarias que se registró después del verano de 2020 y ha indicado que hubo "falta de previsión" por parte de las autoridades competentes, así como "descoordinación" entre las mismas y "una ausencia notable" de una red de acogida.

   Así lo ha declarado ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo, ante la que ha comparecido para presentar el informe 'La migración en Canarias' que ha realizado la Institución, tras su visita, el pasado mes de noviembre al archipiélago para observar la situación.

   Este estudio, ha indicado Fernández Marugán, ha recogido el "colapso" vivido en las islas durante los últimos meses del año pasado, que obligó a habilitar en Canarias dispositivos temporales, como hoteles, naves industriales y campamentos, para la acogida de personas migrantes.

   Esta situación, vivió su momento más preocupante cuando miles de personas tuvieron que dormir al aire libre en el mulle de Arguineguín (Gran Canaria) ante la falta de medios, una situación que el Defensor ha calificado de "nada fácil".

   El informe, ha indicado el Defensor, indica que los derechos de las personas migrantes que, en ese momento, llegaron a Canarias, se vieron "reiteradamente vulnerados" y que sus condiciones de acogida estuvieron "profundamente degradadas". "El informe rastrea multiples hechos, pero todos confirman las malas condiciones de quienes estuvieron en Arguineguín y la vulneración de derechos que allí se produjo", ha denunciado.

UNA ACTUACIÓN CON DISFUNCIONES

   Ante los diputados y senadores, Fernández Marugán ha señalado, además, lo "inadecuado" de "convertir zonas geográficas en lugares de privación de derechos" como, por ejemplo, el de circulación, "con el simple argumento de llevar a cabo un control migratorio" y "evitar el efecto llamada". En este sentido, ha llamado a estudiar cuál es la eficacia del sistema de retorno.

   Pero no es el único aspecto que preocupa al Defensor, que, según ha indicado, ve "disfunciones" en las labores de los poderes públicos españoles. A su juicio, "la coordinación entre administraciones con competencia fue insuficiente", se alzaron instalaciones no eran las apropiadas, el personal capacitado para identificar a estas personas vulnerables "fue escaso" y se produjo una "excesiva concentración en centros de acogida en determinados municipios y en barrios de ciudades en las cuales la grave crisis ocasionada por la pandemia se había dejado sentir".

   Para poner fin a esta "larga lista de disfunciones", Fernández Marugán plantea en el informe medidas a corto, medio y largo plazo que, a su juicio, son posibles con "voluntad política". Entre estas propuestas se recoge la necesidad de mejorar los servicios jurídicos y de interpretación para los migrantes, la puesta en marcha de protocolos claros para las diferentes administraciones, o la colaboración entre comunidades autónomas para compartir responsabilidades de forma "solidaria", entre otras iniciativas.

   En su intervención se ha referido, precisamente, a la solidaridad entre territorios, en relación a los menores no acompañados. Según ha indicado, a 12 de febrero de 2021 había 2.666 niños bajo la custodia de la entidad canaria de protección de menores, una cifra que, a su juicio, "no es razonable" que los servicios canarios "asuman en solitario".

   Otro de los puntos en los que se centra el informe del Defensor es la búsqueda de personas desaparecidas en el mar durante el trayecto y que ACNUR, según ha explicado, cifra en 480, de las más de 23.000 que llegaron al archipiélago el año pasado. Al respecto, ha explicado que la Institución recibe quejas de las familias de los embarcados para que se investigue el paradero de los viajeros, un "trabajo durísimo" que, según ha indicado Fernández Marugán, no puede ser abordado por las organizaciones.