MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
Entidades sociales especializadas en el acompañamiento social y jurídico de personas migrantes y refugiadas han reclamado una reforma "de mayor alcance" del Reglamento de Extranjería y han presentado una batería de propuestas para evitar la irregularidad administrativa, como flexibilizar la figura de la reagrupación familiar o reforzar las vías presenciales de presentación de solicitudes de expedientes.
Así, la alianza formada por Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, CONVIVE Fundación Cepaim, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes, valora positivamente algunas de las reformas propuestas por el Gobierno, reconociendo que se han incorporado "aportaciones clave" como la reducción del periodo de residencia previa para obtener la regularización o la simplificación de los procedimientos de arraigo. Si bien, consideran que todavía existe "un amplio margen de mejora".
Por ello, reclaman una reforma "de mayor alcance" del Reglamento de Extranjería --que en estos momentos está en proceso de reforma-- para evitar situaciones de irregularidad y acabar con situaciones de exclusión y desprotección.
Entre sus propuestas, destaca la flexibilización de la figura de la reagrupación familiar "para procurar el derecho a la vida en familia de las personas migrantes" y "la rebaja de los períodos de residencia exigidos para solicitar las autorizaciones de residencia y trabajo".
También incorporan sugerencias relativas a la propia tramitación de las autorizaciones, "que en la actualidad representa la primera barrera con la que se encuentran las personas migrantes para poder regularizar su situación".
En este sentido, proponen reforzar las vías presenciales de presentación de solicitudes de expedientes de extranjería, con medidas como "la creación de puntos de información, acompañamiento y orientación a las personas, con el fin de reducir la elevada brecha digital que se advierte en el acceso a la administración de extranjería, la traducción de la documentación a los idiomas más habituales o el uso de intérpretes".
Además, insisten en la necesidad de proteger el acceso a la justicia y a la denuncia segura para las personas en situación administrativa irregular que son víctimas de delito, "de manera que la condición de víctima prime sobre el estatuto de residencia, y puedan evitarse situaciones de gran desprotección, expulsión, infradenuncia e impunidad del denunciado".
Asimismo, subrayan que la normativa de extranjería "debe garantizar que no haya niños y niñas en situación irregular" y, para ello, piden "seguir profundizando en los instrumentos de protección y reconocimiento de derechos de las niñas y niños migrantes, acompañados o no por sus familias".
Así, señalan que se deben incorporar "propuestas más amplias" que las del texto presentado en cuanto a la autorización de residencia legal para menores que han nacido en España o la adaptación del sistema de determinación de la edad a la normativa internacional, entre otras.
En este contexto, las seis organizaciones firmantes consideran necesario seguir avanzando en la modificación del Reglamento de Extranjería "de forma dialogada y participada" para desarrollar "una política migratoria que no solo ponga el foco en las necesidades del mercado laboral español, sino que se aborde todos los obstáculos normativos y estructurales que impiden a la población migrante su plena participación en la sociedad española en igualdad de derechos".
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