Publicado 21/06/2024 10:59

ERC reclama por escrito que no haya en el Congreso más prórrogas de enmiendas a la ILP para regularizar migrantes

Archivo - Varias personas se concentran frente al Congreso en defensa de la ILP RegularizaciónYa mientras se debate la iniciativa en el Congreso, a 9 de abril de 2024, en Madrid (España).
Archivo - Varias personas se concentran frente al Congreso en defensa de la ILP RegularizaciónYa mientras se debate la iniciativa en el Congreso, a 9 de abril de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

   MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El Grupo Parlamentario Republicano ha presentado un escrito a la Mesa del Congreso de los Diputados en el que pide que no haya más prórrogas de enmiendas a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para una regularización extraordinaria de más de 500.000 migrantes.

   La formación recuerda que la ILP fue admitida por la mesa de la cámara el 14 de diciembre de 2021 y que fue admitida a trámite con más del 90% de los votos emitidos el 9 de abril de este año. En este sentido, destaca la urgencia de la propuesta planteada y solicita que no se acuerde la ampliación del plazo de enmiendas.

   El diputado de ERC, Jordi Salvador, Jordi Salvador, ha señalado que no se puede "consentir" que esta iniciativa popular "caiga en el cajón del olvido de la tramitación parlamentaria". "Ante el aumento de los discursos de odio por parte de la extrema derecha contra las personas migrantes que ya viven y trabajan en nuestro país, no podemos consentir que de nuevo esta iniciativa popular caiga en el cajón del olvido de la tramitación parlamentaria. Solo legislando en derechos se combate y evita que calen este tipo de discursos", ha asegurado.

   Igualmente, ha indicado que mantener a estas personas en una situación irregular "les aboca a la desprotección social y laboral". "La criminalización de los colectivos enteros, la individualización y la legitimación del racismo institucional y cultural abre la puerta a la barbarie, sobran los ejemplos en la historia de la humanidad. Mantener a estas personas en una situación irregular les aboca a la desprotección social y laboral. Por eso, la regularización es una cuestión de humanidad, de justicia social y pragmatismo. Es solo cuestión de voluntad política que esta norma se tramite cuanto antes", ha explicado.

   La ILP para regularizar de forma extraordinaria a más de medio millón de personas extranjeras ha cumplido casi tres meses desde su admisión a trámite el pasado 9 de abril en el Congreso de los Diputados, con 310 votos a favor y los 33 en contra de Vox.

   Esta aprobación implica iniciar el trámite parlamentario del texto, que podría ser modificado a través de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios. El Congreso ha pospuesto el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el próximo 26 de junio.

NO QUIEREN QUE "SE QUEDE EN EL CAJÓN"

   La portavoz del movimiento 'Regularización Ya', Edith Espínola, advirtió el pasado 9 de abril en declaraciones a Europa Press de que no quieren que la ILP "se quede en el cajón", tras anunciar todos los grupos parlamentarios, menos Vox, su apoyo a la toma en consideración del texto.

   "Vamos a estar revisando y controlando, haciendo una observación de la forma en la que actúen ellos, porque no queremos que esto se quede en el cajón, que pasen los seis meses y que se quede ahí dormido", aseguró.

   Las ILP es una figura reconocida constitucionalmente por la que el pueblo puede realizar sus propias propuestas legislativas al Congreso presentando un mínimo de 500.000 firmas respaldando la iniciativa. En este caso, se han reunido más de 700.000.

   En concreto, hasta 800 ONG se unieron en el proyecto 'Esenciales' para reclamar una regularización extraordinaria de aquellos extranjeros en situación administrativa irregular que estuvieran residiendo en España antes del 1 de noviembre de 2021.

   La iniciativa contaba desde el inicio con el apoyo de Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG, mientras que PP y Vox, se manifestaron en contra y el PSOE insistía durante los debates parlamentarios en que la legislación europea no permite este tipo de procesos.

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