Gobierno recalca que la inmigración es "competencia exclusiva" del Estado para defender el reparto de menores migrantes

Archivo - Un cayuco a su llegada al puerto de La Restinga, a 7 de diciembre de 2024, en El Hierro, Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

   MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El Gobierno recalca que la inmigración es "competencia exclusiva" del Estado en en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo del real decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias, a la que ha tenido acceso Europa Press.

   "El presente real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 1.ª y 2.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, y en las materias de inmigración y extranjería, respectivamente", justifica en el texto.

   Así lo pone de manifiesto el Ejecutivo sobre el real decreto-ley aprobado el martes 19 de marzo en el Consejo de Ministros, que reforma el artículo 35 de la Ley de Extranjería, para repartir de forma obligatoria a menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. El texto deberá ser ahora convalidado por el Congreso.

   En esta misma línea, recalca que, ante la situación migratoria actual, "resulta preciso posibilitar una redistribución de personas menores de edad extranjeras no acompañadas de los territorios más saturados hacia otras comunidades autónomas, que responda a una fórmula de solidaridad equitativa, que pondera el esfuerzo realizado por cada territorio en la atención a las personas menores de edad extranjeras no acompañadas".

   Asimismo, el Gobierno explica en la Memoria que el año pasado llegaron de forma irregular a España más de 5.850 menores migrantes, un 14% más que en 2023, cuando arribaron 5.151. "Esta contingencia extraordinaria genera una necesidad urgente de protección de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas por todas las Administraciones competentes, que no puede ser atendida únicamente por los servicios ordinarios reforzados de la comunidad o ciudad autónoma de entrada", afirma.

NO NECESITA SOMETERSE A EVALUACIÓN POR RESULTADOS

   En cuanto al fundamento jurídico y rango normativo que emplea, el Gobierno señala que "el instrumento elegido es el adecuado, dado que responde a una situación de extraordinaria y urgente necesidad". En concreto, precisa que se ha descartado la tramitación de la norma como un proyecto de ley, ya sea en tramitación ordinaria o urgente, debido "a la necesidad perentoria de adoptar las medidas en el plazo más breve posible". También considera que la disposición no debe ser sometida a evaluación por sus resultados.

   Entre otras cuestiones, el Ejecutivo cree que la norma no tiene impacto de género, así como tampoco en la familia, ni en el cambio climático.

   Este real decreto-ley ha sido fruto de un acuerdo entre el Gobierno y Junts. Si bien, recientemente, el Ejecutivo también pactó con los de Carles Puigdemont una proposición de ley para delegar las competencias de inmigración a Cataluña, una cuestión que obtuvo críticas por parte de algunos partidos políticos, como PP, Vox o Podemos.

   Precisamente, el Congreso ha rechazado recientemente una iniciativa de los 'populares' que instaba al Gobierno a "cumplir íntegramente con la legislación vigente en materia de extranjería y con el artículo 149.2 de la Constitución Española", que incluye entre las competencias "exclusivas" del Estado la "nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y el derecho de asilo".

    En un documento de 15 páginas, el denominado "Real Decreto-ley de medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia", se recoge un nuevo artículo 35 que establece criterios para la distribución de menores, como la población, la renta per cápita, la tasa de paro, el esfuerzo realizado anteriormente, el número de plazas para la acogida o la condición de ciudad fronteriza o de insularidad.

   La norma cuenta con un fondo adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia, para el que se contará en 2025 con un crédito extraordinario de 100 millones de euros.