Sin identificación del migrante, no hay rechazo en frontera, sino devolución en caliente

   MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La representante en España del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Francesca Friz-Prguda, afirma que si los migrantes interceptados en un salto de las vallas de Ceuta o Melilla no son identificados y no se escuchan sus necesidades de protección internacional, no se estará produciendo el 'rechazo en frontera' que contempla la Ley de Extranjería española, sino una 'devolución en caliente'.

   En una entrevista con Europa Press, Friz-Prguda reflexionaba así sobre cómo la entrega automática a Marruecos de los interceptados en el salto de la valla "es contraria a la legislación internacional, europea y también nacional" pues la Ley de Extranjería establece claramente que "en todo caso, el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte" y eso implica, al menos, identificar a los afectados.

    La representante del ACNUR incide en que por ello, "las devoluciones automáticas han sido y siguen siendo ilegales", porque "no determinan las necesidades individuales del afectado que entra y que puede ser un refugiado huyendo de la guerra o la persecución, pero nunca se sabrá".

   Friz-Prguda recuerda que "el 25 por ciento de la población mundial de refugiados son del África Subsahariana y Ceuta y Melilla, siendo las únicas fronteras terrestres de la UE con África no han visto ni una solicitud de asilo de una persona procedente del área subsahariana". "¿Realmente creemos que tienen acceso al puesto fronterizo?", plantea.

   Según afirma, "está claro que dependen de vías irregulares, de saltar la valla, de pateras, de esconderse en coches" y en definitiva, "de métodos considerados ilegales y sumamente peligrosos".

   "Considerando que el 25% de los refugiados se originan en África Subsahariana, y las muchas y repetidas devoluciones automáticas en las vallas tanto de Ceuta como de Melilla, la posibilidad de que ahí haya gente privada de su derecho a buscar asilo es muy alta. Es obvio que se excluye a todo un segmento de una población del derecho a buscar asilo", asegura.

   La representante del ACNUR incide en que por ello, "las devoluciones automáticas han sido y siguen siendo ilegales, no cumplen con la legislación internacional, tampoco con la europea y tampoco con la nacional" porque "no determinan las necesidades individuales del individuo que entra y que puede ser un refugiado huyendo de la guerra o la persecución, pero nunca se sabrá".

   Para Friz-Prguda, el Gobierno tiene esta Legislatura "claramente el reto y la urgencia de actuar y elaborar un protocolo para interpretar cómo quieren reconciliar la nueva figura jurídica de 'rechazo en frontera' con las obligaciones adquiridas por España en materia de Derechos Humanos y Protección Internacional".

   El ACNUR recuerda que "buscar asilo es un derecho fundamental y universal y cada persona tiene derecho a buscar asilo, que no a disfrutar de él porque eso depende de su condición o no de refugiado, pero sí a buscarlo".

IDENTIFICAR PARA CUMPLIR LA LEY

   Por eso, incide en que "es de suma importancia establecer y tener un mecanismo de rápida derivación de necesidades varias" que funcione ante "todas las llegadas irregulares a España", ya sean por vía marítima o terrestre, en las ciudades autónomas o en las costas andaluzas y canarias, "que con seguridad jurídica pueda dotar de garantías a la legislación actual".

   "Sólo con estos mecanismos y estos protocolos y explicando cómo identificar y como derivar a las personas en función de sus distintas necesidades, será perfectamente posible cumplir la ley, pero las devoluciones en caliente nunca cumplirán con los requerimientos comunitarios, internacionlaes y tampoco de la legislación española", asegura.

   No es la primera vez que la Agencia de Naciones Unidas se pronuncia en este sentido ni tampoco la única que lo ha hecho en 2016, cuando la regulación del rechazo en frontera, que está recurrida al Tribunal Constitucional en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana, ha cumplido año y medio en vigor.

   El 5 de abril el Congreso de los Diputados aprobó derogar esa ley, el 18 de octubre fue la Comisión de Interior de la Cámara Baja quien solicitó la derogación específica de las disposiciones sobre Ceuta y Melilla y el 29 de noviembre volvió a hacerlo el Pleno pidiendo el fin de la mayor parte de los artículos de la también llamada 'ley mordaza'.

   En cuanto a los llamamientos de organismos internacionales, además del ACNUR que ha reclamado el fin de las entregas sumarias varias veces a lo largo del año, también lo hicieron en mayo el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas y en julio el Consejo de Europa.