Migreurop critica la gestión de fronteras en España por las "devoluciones en caliente" y la utilización de Archidona

   MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Las asociaciones miembros de Migreurop en España han mostrado, a través de un comunicado, su rechazo a la gestión de las fronteras que el Gobierno está llevando a cabo con motivo del aumento de llegada de personas al territorio español, utilizando como instrumentos acciones "ilegales" como las devoluciones sumarias, también llamadas "devoluciones en caliente", que, según denuncian, se han realizado esta semana en Ceuta, así como la utilización del centro penitenciario de Archidona (Málaga) para alojar inmigrantes.

   Para estas organizaciones, resulta "injustificable" el uso, por parte del Ministerio de Interior, de argumentos que relacionan la situación actual con una "imaginaria emergencia migratoria nacional".

   En este sentido, respaldan el argumento de la representante de ACNUR con el que afirma que España "puede manejar perfectamente 25.000 solicitudes de asilo o 20.000 llegadas de flujos mixtos a sus costas", recalcando que a pesar de que estas entidades "llevan años avisando" de la posibilidad de un aumento de esas llegadas, el Gobierno "ha hecho caso omiso a estos avisos optando por una peligrosa improvisación de estas medidas".

   "Esa misma falta de previsión, así como la inexistencia de otras alternativas no basadas en la detención, han hecho que se tomen decisiones de difícil justificación, como la apertura improvisada de un centro penitenciario en territorio malagueño que vulnera la legislación nacional e internacional bajo un argumento criminalizador de estas personas. Las organizaciones exigen el cese inmediato de la detención de estas personas en un centro ilegal", apunta Migreurop.

   Por otro lado, denuncia que la "persistencia" de las "devoluciones en caliente" en Ceuta, a pesar de la sentencia condenatoria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, supone, a juicio de estas organizaciones, un "salto al vacío que instala al Estado en una vulneración sistemática del derecho internacional y de incumplimiento de las sentencias".

   Aunque estas organizaciones son conscientes de que esta sentencia "es recurrible", consideran "inadmisible" seguir aplicando una medida "criticada internacionalmente" mientras esperan una sentencia definitiva.

   Asimismo, asegura que la llegada en las últimas horas de un "importante" número de embarcaciones a las costas de la península y Canarias, "no supone un elemento suficiente para aplicar un clima de excepcionalidad migratoria".

   Por ello, estas organizaciones recuerda la responsabilidad con el derecho internacional del estado español, así como la experiencia de gestión de un volumen superior de personas en 2006, "sin que ello supusiese un quebranto de la convivencia".

   En este sentido, Migreurop reclama, "una vez más", un Pacto de Estado para la generación de un modelo de gestión fronterizo, de la protección internacional y del derecho de asilo y de la convivencia con la participación de la sociedad civil.

   "La imagen y los discursos criminalizados que se están emitiendo desde algunos responsables públicos y medios de comunicación sobre la llegada de migrantes, menores no acompañados, demandantes de refugio y asilo, así como potenciales víctimas de trata de seres humanos, se traducen en la práctica en el plano externo con una gestión fronteriza vulneradora de derechos fundamentales y en el plano interno en problemas de convivencia en nuestros barrios, pueblos y ciudades, un aumento de la islamofobia, el racismo y la discriminación", critica Migreurop.

   Por este motivo, exigen al Gobierno un "ejercicio de responsabilidad" en el tratamiento ante la opinión pública sobre esta realidad, "priorizando" la responsabilidad en la gestión frente a la criminalización de las víctimas; el cierre "inmediato" del Centro de Detención de Archidona por "ilegal"; y el fin "inmediato" de las "devoluciones en caliente".

   Por último, demandan de forma "prioritaria y urgente" el cumplimiento "estricto" de la legislación internacional en materia de derechos fundamentales en la gestión fronteriza.