ONG piden el fin de las devoluciones exprés de migrantes a Marruecos: "No debe ser el camino"

   MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Varias ONG especializadas en inmigración han vuelto a cuestionar la legalidad de las devoluciones exprés de 50 de los 209 migrantes que ayer lograron saltar la valla de Melilla, al tiempo en que han reiterado que Marruecos "no es un país seguro" porque ni respeta los principios de no devolución ni los derechos humanos.

   "El experimento ya utilizado en Ceuta el pasado mes de agosto no debe ser el camino", ha manifestado en declaraciones a Europa Press la directora de Políticas y Campañas de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Paloma Favieres, sobre las 50 expulsiones que se han llevado a cabo en menos de 24 horas.

   En aquella ocasión el Gobierno expulsó a Marruecos a 116 personas que un día antes habían llegado a España tras saltar la valle de Ceuta, y lo hizo tras la reactivación del acuerdo de readmisión firmado en 1992 entre el Gobierno español y el reino alauí. Esta vez, un total de 55 migrantes han sido devueltos en virtud de ese mismo pacto bilateral.

   Sin embargo, varias ONG consultadas por Europa Press han vuelto a cuestionar la legalidad de esta práctica y, entre otras cosas, han puesto en entredicho que el procedimiento de devolución se haga con las debidas garantías y respetando los derechos de los migrantes.

   "La mayoría procede de Mali y supuestamente no hablan francés. Queremos pensar que han tenido la mejor asistencia en materia de interpretación de bambara", ha apuntado Favieres, quien ha insistido en que Marruecos "no es país seguro", recalcando que en la pasada devolución exprés muchas ONG "reportaron situaciones de detención" de las personas devueltas. "Esto, como Estado de derecho, no debemos permitirlo".

"RAPIDEZ Y PREMURA" DEL PROCESO

    Por su parte, las entidades de la Iglesia que integran la red Migrantes con Derechos, como Cáritas o el Servicio Jesuita a Migrantes, han insistido en que "se cumplan, también en este caso, las garantías de cualquier procedimiento de devolución".

   Estas garantías, según ha indicado la red, pasan por la identificación de cada persona, estableciendo los mecanismos para detectar la presencia de menores; la verificación de sus circunstancias personales, como causas de vulnerabilidad, estado de salud, etc; y la información en un idioma que sea entendido, sobre la posibilidad y procedimiento para solicitar protección internacional, y sobre el eventual procedimiento de devolución y los recursos disponibles contra la misma.

   "Volvemos a recordar que estas garantías básicas requieren tiempo y recursos, pues exigen proporcionar intérpretes, asistencia letrada (con tiempo suficiente para atender y entender la situación de cada una de las personas) y vías efectivas de recurso contra la decisión de devolverlas", han insistido.

   A su juicio, la devolución de estas personas a Marruecos, "con la premura que parece confirmarse", violaría el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, "tal y como se ha señalado por parte del Comisario de Derechos Humanos al Comité de Prevención de la Tortura". En este sentido, han advertido de que "la rapidez no es siempre síntoma de eficacia cuando lo que está en juego son las vidas y el futuro de personas que traen consigo, en la mayoría de los casos, la traumática experiencia de un largo tránsito migratorio".

   "Las garantías jurídicas son también una exigencia de una sociedad democrática e inclusiva a las que no podemos renunciar y que urge fortalecer especialmente en un momento donde se escuchan voces que pretender situar a los seres humanos más vulnerables fuera de la legalidad", ha zanjado la red Migrantes con Derechos.

DEJAR DE APLICAR EL MODELO CORCUERA DEL 1992

   Por su parte, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha condenado la devolución efectuada "una vez más" por el Ministerio del Interior. "Lamentamos que el Gobierno de España vuelva a desconocer el contenido del Artículo 4 de la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales que rechaza de forma expresa en su Art.4 las expulsiones colectivas de extranjeros, en vigor desde el 16-09-2009 en España, y que nuevamente se aplique el modelo Corcuera de 1992 para devolver a personas sin cumplir más que las garantías formales.

    Así, la red ha solicitado formalmente al Grupo Parlamentario Unidos Podemos que recientemente ha firmado un acuerdo con el PSOE para la aprobación de los presupuestos generales de 2019 que "se utilice su mayoría parlamentaria y posición en la cámara para impedir que se vuelva a aplicar el acuerdo de 1992" y se utilice "su mayoría parlamentaria para no permitir que se puedan seguir dando este nivel de incumplimiento de los derechos fundamentales".