Organizaciones sociales exigen conocer borrador y prioridades del Plan de Implementación del Pacto de Migración de la UE

Reclaman el establecimiento de un "canal efectivo de participación"

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 20 organizaciones sociales, entre las que se encuentran Accem, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Amnistía Internacional o Save the Children, han exigido al Gobierno conocer el borrador y las prioridades del Plan de Implementación del Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea (UE).

En un escrito conjunto han recordado que a principios de octubre se reunieron con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para trasladarles sus propuestas "para que el Pacto Europeo de Migración y Asilo se centre en las personas y los derechos humanos".

En este sentido, han explicado que, en el encuentro, "tanto el presidente como la ministra mostraron su voluntad de involucrar a la sociedad civil en los Planes de Implementación del Pacto en España con el objetivo de considerar los análisis especializados, las propuestas y garantizar los derechos humanos".

Sin embargo, han denunciado que dos meses después aún no han recibido la propuesta por parte de los ministerios competentes y, además, tampoco han podido acceder al borrador del Plan de Implementación, que debe presentarse por parte de España antes del 12 de diciembre. Por ello, han reclamado el establecimiento de un "canal efectivo de participación".

"El Pacto no puede ser entendido como algo lejano y distante a la sociedad y, de hecho, su implementación tiene que ser coherente y estar completamente integrada con el desarrollo de políticas migratorias en nuestro Estado", han asegurado.

En cuanto a esta nueva regulación, han indicado que llega para España en un momento de "despliegue" de acción política, a través de la aprobación de la última reforma al Reglamento de Extranjería, y la toma en consideración de regularización extraordinaria de personas migrantes. "Ambos procesos han sido ampliamente participados desde la sociedad civil y esta característica ha sido una de las condiciones asumidas por el presidente para el diseño del plan de implementación del Pacto en nuestro Estado", han apuntado.

En esta misma línea, han destacado la importancia de la participación de la sociedad civil en el proceso y "la relevancia de la transparencia" en el mismo. Así, han recalcado el contexto actual "especialmente inquietante y cada vez más desfavorable para la garantía de derechos a nivel europeo, tras la propuesta de la Comisión Europea de valorar 'soluciones innovadoras', como la creación de centros de internamiento en terceros países, siguiendo el modelo italiano".

"Para las entidades, esto supondría dar una vuelta de tuerca más a las amenazas que ya de por sí plantea el Pacto en materia de derechos humanos, debido a que, a todas luces, pone en riesgo el principio de no devolución y en peligro de muerte el derecho de asilo en Europa", han subrayado.

Igualmente, han dicho que España "tiene una oportunidad histórica de tomar medidas adecuadas para garantizar la protección de las personas migrantes, especialmente en el caso de las niñas y los niños, desmarcándose de las fracasadas políticas migratorias de externalización y control de fronteras". En cuanto a estas últimas medidas, han añadido que son "contrarias a los derechos humanos" y que "provocan más muertes y sufrimiento en las rutas migratorias".

También han considerado necesario que la participación de la sociedad sea incorporada de manera efectiva en el proceso "para que el respeto de los derechos humanos esté en el centro atendiendo a las necesidades e intereses de las personas migrantes que podrían participar de manera directa en el deseable proceso de consultas".

Para que este compromiso se haga realidad, han afirmado que España "debe mantener las garantías y los máximos estándares de protección previstos en el ordenamiento jurídico español, así como asegurar el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por todos los Estados miembros de la Unión Europea".

Con este objetivo, el Plan de Implementación del Pacto en España han explicado que debe contemplar "de forma preferente" medidas "que no sean privativas de libertad". Además, han agregado que deben garantizar la asistencia jurídica gratuita en todas las fases del procedimiento, el análisis individualizado de las solicitudes, la "adecuada" atención sanitaria por equipos especializados, el derecho a intérprete y la tramitación de las solicitudes por el procedimiento ordinario cuando se detecten necesidades especiales o situaciones de vulnerabilidad en los procedimientos fronterizos.

PIDEN QUE SE RESPETE LAS PRESUNCIONES DE MINORÍA DE NIÑOS MIGRANTES

Asimismo, han dicho que es "fundamental" garantizar que se mantengan los estándares de protección para personas en situación de vulnerabilidad que propicia el sistema de Atención Humanitaria. "En el caso de la infancia es esencial que, entre otras, se garantice la unidad familiar y se respeten las presunciones de minoría para todos los niños, niñas y adolescentes que accedan al territorio", han asegurado.

Las organizaciones también han pedido crear un mecanismo independiente de supervisión de derechos humanos en la gestión fronteriza y contar "con un sistema preparado, dimensionado y con un enfoque estructural para atender a las emergencias de manera adecuada y evitar derogaciones y excepciones de las normas de asilo".

Los firmantes son Accem, Alboan, Alianza por la Solidaridad, Amnistía Internacional, Andalucía Acoge, Asociación Rumiñahui, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), CONVIVE Fundación Cepaim, La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Cruz Roja Española, Fundación Entreculturas, Irídia-centro para la defensa de derechos humanos, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, Movimiento por la Paz (MPDL), Instituto Novact de Noviolencia, Oxfam Intermón, Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI), Red Acoge, Salud por Derecho, Save the Children, Servicio Jesuita a Migrantes-SJM y Stop Mare Mortum.