Reclaman un reglamento de asilo y regularlos corredores humanitarios en Marruecos para facilitar la solicitud de protección
MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Servicio Jesuita de Migrantes ha presentado este miércoles el 'Informe Frontera Sur 2020: Buscar la salida', en el que actualizan la situación del fenómeno migratorio y en el que advierte de que la política seguida por el Ministerio del Interior de "minimizar" los traslados de migrantes a la Península implica una restricción de movilidad que "no tiene base legal".
El documento comienza denunciando el "endurecimiento del control de los movimientos migratorios" que está llevando a cabo Marruecos con fondos de la UE y que, según explican, "implica un hostigamiento policial continuo y más violencia sobre migrantes y refugiados".
Así, destacan que las noticias con personas muertas y lesionadas en el intento de cruzar la frontera española están dejando patente el hecho de que, para pedir asilo en otro país, estas personas deben "arriesgar la vida y la integridad física".
En este sentido señalan que, aunque el Supremo haya formado jurisprudencia sobre una vía segura de acceso al asilo --la solicitud de protección en embajadas y consulados de España-- es "constante" la práctica de distintas formas de devoluciones sumarias. Ya sean a través de los portillos que jalonan las vallas, de las aguas territoriales de Melilla, o con garantías meramente formales para aplicar el acuerdo bilateral de 1992.
"Se observan operaciones policiales españolas y marroquíes más allá de los límites de su jurisdicción territorial", denuncia el Servicio Jesuita, para indicar que la Guardia Civil sigue practicando el "rechazo en frontera".
UNA POLÍTICA CON CONSECUENCIAS
También recuerdan la jurisprudencia sentada por el Supremo sobre los derechos fundamentales a la libre elección de residencia y a la libre circulación por todo el territorio nacional de solicitantes de
protección internacional documentados. Una cuestión que, según denuncian, la Policía persiste en impedir.
Esta actitud, indica el estudio, coincide con la desarrollada con el Ministerio del Interior que, según indican, mantiene una política de "minimizar los traslados de personas migrantes y solicitantes de asilo" a la Península. "Esta política tiene consecuencias en la salud pública de toda la población, genera una tensión que ha llegado a estallar en una protesta violenta y somete a la población migrante alojada en instalaciones provisionales a condiciones de vida indignas", ha lamentado el Servicio Jesuita.
A su juicio, "se ha situado a las persosonas en un limbo jurídico mientras no tenían una tarjeta de identidad relativa a su estancia", lo que "lleva consigo formas de restricción de libertad y de privación de libertad sin base legal".
Ante este escenario, el SJM reclama al Gobierno algunas acciones de producción normativa y de políticas a partir de su labor de orientación jurídica, asistencia letrada, observación de los Derechos Humanos.
MEJORAR EL ACCESO A LA PROTECCIÓN Y EL ASILO
Así, urgen al Gobierno a publicar un reglamento que desarrolle la Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, especialmente en lo tocante al procedimiento para solicitar protección internacional en las embajadas y consulados españoles; además de una futura ley para regular la formación de corredores humanitarios en territorio marroquí para canalizar el acceso seguro de solicitantes de asilo a las oficinas de asilo y refugio en los puestos fronterizos de Ceuta y de Melilla.
Sobre esta norma, los jesuitas creen que debería mantener irrestricto el reconocimiento de los derechos fundamentales a la libre elección de residencia y a la libre circulación por todo el territorio nacional de las personas solicitantes de protección debidamente documentadas, manteniendo la obligación legal de notificar los cambios de domicilio.
Del mismo modo indican que, en caso de que no se derogue la disposición adicional décima de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, creen que es preciso enmendar el párrafo primero, que presupone que las personas "rechazadas en frontera" aún no la han cruzado.
"En cualquier caso, es preciso regular con detalle el modo de proceder de la Guardia Civil para que este rechazo en frontera cumpla con los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional, es decir, "facilitando y no impidiendo" el acceso a las distintas formas de protección.
Por otra parte, también proponen que las medidas que se lleven a cabo para acabar con las las redes de tráfico y trata se evite "cualquier sombra de criminalización" de las personas que han tenido que recurrir a traficantes o que son víctimas de esta trata.
Facilitar la reagrupación de familias, cumplir con los plazos legales previstos para la documentación de los menores, acelerar el traslado a la Península de las personas solicitantes de asilo que se integren en los programas de acogida de refugiados y no permitir la saturación de las plazas de los Centros de Estancia Temporal para Extranjeros (CETI), son otras de las propuestas recogidas en este informe realizado por Josep Buades, María Vieyra, Diego Fernández-Maldonado y David Melián.
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