Servicio Jesuita de Migrantes denuncia dificultades para visitar los CIE e insiste en que se cierren definitivamente

   Pese a vaciarse entre mayo y septiembre por la pandemia, albergaron a más de 2.200 personas en todo el año pasado, según la ONG

   MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El Servicio Jesuita de Migrantes (SJM) ha denunciado este viernes la falta de transparencia que existe en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y las dificultades para visitar a los internos que, tras el cierre de los centros por la pandemia, se siguen manteniendo en la actualidad.

   El SJM ha presentado en el Senado su informe relativo a 2020 en el que, bajo el título 'Razón Jurídica, Sinrazón Política', analizan cómo se han gestionado los CIE en un año marcado por la pandemia, en el que estos centros permanecieron cerrados entre mayo y septiembre.

   En cifras generales, los CIE españoles han acogido en 2020 a 2.224 personas, de las cuales 2.208 son varones y 16 mujeres. El año pasado se identificaron, además, a 42 menores y 766 personas cursaron petición de asilo, según los datos contabilizados por el SJM.

   Al final, 1.904 personas fueron devueltas a sus países en 2020 y otras 1.835 expulsadas. El 56% de los migrantes que regresaron a sus países desde España lo hicieron desde uno de los centros de internamiento.

   En el análisis ya más preciso en el año de pandemia, el informe denuncia la "falta de protocolos, de prevención y de contingencia adecuados" ante la crisis sanitaria. Esto, unido a una atención sanitaria "insuficiente", denuncia el SJM, supuso contagios y la imposición de medidas de aislamiento en un clima de ansiedad que incluso llevó a intentos de suicidios.

SE APLICÓ LA "LÓGICA JURÍDICA"

   El coordinador del Programa CIE en la Fundación Migra Studium, Josetxo Ordóñez, ha relatado la situación "atípica" vivida a principios de año con un invierno "crudo" con el paso de la borrasca Gloria por la Península y la llegada del Covid al país en el mes de marzo, que obligó, a su juicio, "con el buen criterio del Gobierno" a cerrar los centros.

   Se aplicó, ha indicado, la "lógica jurídica". Si los centros sirven para internar a quienes esperan un proceso de expulsión o devolución y este no se puede completar por estar cerradas las fronteras, el internamiento no tiene sentido.

   Durante los meses en los que los CIE estuvieron cerrados, los migrantes fueron trasladados a "centros humanitarios", ha explicado el autor del estudio Josep Boada. Según ha explicado, no se dejó a nadie sin techo y, en este sentido, "se ha hecho bien", ha reconocido.

   Tanto Boada como Ordóñez han criticado, sin embargo, que el Ejecutivo decidiera volver a la actividad de los CIE en septiembre cuando se esperaba "una segunda ola" de la pandemia. De hecho, recuerda Ordóñez, en octubre se declaró un nuevo estado de alarma y, además, "las fronteras con otros países seguían cerradas".

"PADECEMOS RESTRICCIONES"

   Ordóñez también denuncia que "cuando se reactivan" los centros se registraron "muchas dificultades" para que las ONG pudieran hacer visitas y acompañamiento de los internos "y saber qué está ocurriendo" dentro. A pesar de ello, el SJM ha podido "averiguar" que dentro ha existido en estos últimos meses "una preocupante falta de planes de contigencia", confinamientos "en condiciones más que alarmantes" y "la prohibición en redondo de las visitas de cualquier tipo", incluida la de familiares y allegados.

    "En la actualidad todavía sentimos y padecemos estas restricciones que impiden que podamos acompañar a los migrantes, como lo veníamos haciendo con normalidad", ha lamentado Ordóñez.

   Sobre la reactivación de los CIE en septiembre, Boada lo ve como un "gesto político" del Gobierno, ya que se hizo el mismo día en el que la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, anunció el Pacto Europeo de Migraciones, que, apunta Boada, apuesta por una política de devoluciones e internamiento.

   En septiembre, ha indicado el autor del informe, se realizó la reapertura con dos instrucciones. Una para los centros de la Península, para que solo se internaran argelinos y marroquíes llegados en pateras. Esto es, ha indicado Boada, debido a las relaciones diplomáticas que había realizado el Gobierno en esos países para "lograr que readmitieran a personas que debían ser devueltas".

VULNERACIÓN DE DERECHOS

   La otra instrucción era para los centros de Canarias. En ellos se debía internar a todas las personas que pudiera ser devueltas a Marruecos y Maritania. En este punto, Boada ha explicado que a Mauritania se pueden enviar a todos aquellos migrantes que sean susceptibles de haber transitado por el país para su llegada a España.

   Algunas de estas situaciones, así como el análisis de resoluciones judiciales concretas se recogen en el informe en el que, apunta el SJM, se alerta, "como cada año", de la "larga lista de vulneraciones de derechos" que se producen en los CIE, como "insuficiente atención sanitaria", "tratos vejatorios", "determinación de edad" o "acceso a asilo", entre otros. "Todo ello nos recuerda que la existencia de los CIE es innecesaria", insiste la organización.

   En esta línea, el SJM ha analizado el caso de la muerte de Samba Martine en el CIE de Madrid en 2011. A este tema se ha referido la abogada Cristina Manzanedo, quien ha destacado la importancia del proceso judicial que se realizó porque, "por primera vez" la Administración ha reconocido "fallos estructurales en el funcionamiento" de los centros de internamiento.

   A su juicio, este caso "ejemplifica la dificultad" que existe en España para "fiscalizar las políticas de control migratorio". "Constatamos que los CIE son espacios opacos", ha indicado, para recriminar al Gobierno que, sin el trabajo de la sociedad civil este caso se hubiera quedado sin atención, ya que "no se puso en marcha una investigación" sobre lo sucedido "ni la Fiscalía" actuó.

   El Servicio Jesuita de Migrantes también ha denunciado, preguntado por la última crisis de Ceuta, las irregularidades que se han registrado en las devoluciones que se hicieron en la ciudad autónoma y que, según ha destacado Boada, no fueron "rechazos en frontera" tal y como los recoge la ley, porque se devolvió a personas "que ya estaban en la ciudad desde hacía 15 horas". "Se las sacó sumariamente sin ninguna formalidad y entre ellas a personas con un claro perfil de protección", ha concluido.