Actualizado 06/06/2019 15:41

Servicio Jesuita a Migrantes denuncia discriminación en los CIE: dos tercios de internos son marroquíes y argelinos

Informe SJM 2018 sobre CIE
EUROPA PRESS

En 2018, año con cifras récord en llegadas irregulares, 7.855 personas pasaron por un CIE, frente a las 8.814 de 2017

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Dos tercios de las personas internadas durante el año pasado en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) procedían de Marruecos y de Argelia, según denuncia el Servicio Jesuita a Migrantes-España (SJM-E). Así, esta entidad avisa de "la discriminación de origen" del sistema de internamiento de los migrantes que llegan de manera irregular a España, ya que es "más fácil" devolver a su país de origen a las personas con alguna de esas dos nacionalidades.

Así lo refleja en el informe de 2018 que esta red realiza de forma anual sobre estas instalaciones policiales de carácter no penitenciario diseñadas para poder ejecutar la expulsión del territorio nacional. Para su elaboración, varios equipos del SJM visitaron cinco de los ocho CIE que operan en España (Madrid, Barcelona, Valencia, Algeciras y Tarifa).

El análisis, que ha sido presentado este jueves, revela que 7.855 personas --7.676 varones y 179 mujeres-- fueron recluidas en los CIE durante 2018, año en el que España registró cifras récord de llegadas irregulares, al alcanzar casi las 65.000. La cifra de reclusos en estos centros es ligeramente inferior a la de 2017, cuando pasaron por alguno de los centros 8.814.

De acuerdo al informe de SJM, en 2018 los internos procedían de 90 países distintos, pero en número destacan los 2.801 internos de Marruecos (35,66%) y los 2.511 de Argelia (31,99%). La marroquí es la nacionalidad más frecuente entre las llegadas irregulares a través de la frontera sur (13.041 en 2018), y la argelina la cuarta (4.694 en 2018).

PIDEN EL CIERRE DE LOS CIE Y EL DESARROLLO DE ALTERNATIVAS

Durante una rueda de prensa, la coordinadora de SJM, María del Carmen de la Fuente, ha aseverado que el internamiento en estos centros se utilizó como parte de la "gestión y control" de fronteras y como "una herramienta" para efectuar las devoluciones de migrantes a sus países de origen desde la frontera sur, especialmente los de origen magrebí. "Seguimos reivindicando el cierre de todos los CIE y el desarrollo de alternativas a la detención", ha proclamado. "Son lugares de sufrimiento inútil, donde se vulneran derechos", ha incidido.

"Estamos en manos del mal derecho. El derecho de extranjería en último término y en la forma más cruenta de su expresión busca la expulsión y remisión a origen de las personas que se desplazan, bien por el cambio climático, conflictos, por buscarse un futuro mejor", ha incidido el vicario episcopal para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación, José Luis Segovia. A su juicio, hay que "revisar con plena urgencia" estos centros "ilegales, ilegítimos e inmorales" en los que "se siguen cometiendo barbaridades en su interior".

De las 7.855 personas recluidas en los CIE durante 2018, 4.582 fueron recluidas en los CIE durante 2018, una cifra inferior a la de 2017, cuando fueron recluidas 8.814. De este modo, fue posible repatriar a un 58,3% de los extranjeros internos --frente al 37% de 2017--, por lo que alrededor del 42% del total de internos en 2018 fueron puestos en libertad ante la imposibilidad de ejecutar la orden de expulsión.

La no ejecución de la expulsión ocurre cuando España no consigue averiguar de qué país es el extranjero en el plazo máximo de 60 días que puede mantenerle privado de libertad en el CIE, cuando no tiene convenio con ese país de origen o cuando se trata de una persona en situación de vulnerabilidad, como un menor de edad tomado por adulto, una víctima de trata o un posible refugiado, entre otros.

Precisamente la anterior edición del informe CIE (2017) de SJM, alertó del elevado número de personas subsaharianas internadas en estos centros, a pesar de las dificultades de identificación y de ser devueltas o readmitidas por los Estados de los que se decían ser nacionales.

LOS ARGELINOS Y MARROQUÍES, "MÁS FÁCILES" DE DEVOLVER A SU PAÍS

Según expone SJM en su estudio actual, "es de alabar" que esta práctica cesara el pasado verano, ya que desde entonces los subsaharianos y asiáticos van a los Centros de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE). Sin embargo, ahora la red avisa del aumento de entradas en los CIE de personas marroquíes y argelinas, algo que achaca a que la devolución a su país de origen es más viable. En este sentido, tal y como se recoge en el informe, al 92% de argelinos que entran en un CIE y al 79% de marroquíes se les abren expedientes de devolución.

Así pues, el Servicio Jesuita a Migrantes expresa su preocupación, entre otras cosas, por "el trato discriminatorio dispensado a las personas de nacionalidad argelina o marroquí, detenidas en comisarías, mientras que se deriva a dispositivos de atención humanitaria y custodia a las de origen subsahariano o asiático". "Las plazas de acogida humanitaria deben destinarse a personas en situación de vulnerabilidad con independencia de su nacionalidad", reclama.

"El internamiento no tiene el menor impacto en la decisión de migrar, quien se atreve a pasar a España sabe que tiene como posibilidad que esto le suceda. Si el Ministerio del Interior cree que el internamiento sirve para que alguien se lo piense antes de venir, terminantemente no", ha apuntado el director del Claver-SJM, Josep Buades.

A su juicio, se mantiene "de cara a la galería" y para "apaciguar" a la opinión pública, pero es "poco eficaz". Tal y como recoge el informe, la duración de la estancia en los CIE del territorio se redujo ligeramente respecto a 2017, hasta lograr una media de 26,08 días.

AUMENTAN EN UN 22% LAS REPATRIACIONES

Los datos de Interior desvelan que en total durante 2018 fueron devueltas 7.203 personas y fueron expulsadas 4.181 personas, lo cual implica 11.384 repatriaciones forzosas (un 22% más que en 2017), lo que refleja una media de casi 32 personas al día en 2018. Concretamente, se realizaron 7.203 devoluciones, lo que refleja un aumento del 37% con respecto a 2017, y 4.181 expulsiones, que en comparación a 2017 aumentaron un 3%. El 47,31% de las expulsiones se produjo por mera estancia irregular, mientras que el 51,71% de las devoluciones se produjo por entrada ilegal en patera.

Desde SJM, Buades ha apuntado que persisten las llamadas expulsiones 'exprés', que son las que ejecutan desde las comisarías durante las 72 horas que permite la ley retener a alguien en un calabozo, si bien no hay cifras oficiales al respecto. Así, según ha destacado Buades, el internamiento tiene un componente de "azar" que afecta a las personas "pilladas".

La red, que trabaja por la defensa de los derechos de las personas migrantes y su integración, también hace hincapié también en que sigue aumentando la cifra de solicitantes de asilo en los CIE: 1.776 en 2018, cuando habían sido 1.381 y 770 en los años anteriores. Se admitieron a trámite 543 peticiones, un 30,57%, un porcentaje más alto que en 2017. Ante esta cifra, SJM expresa su preocupación por la falta de detección temprana de personas con perfiles de especial vulnerabilidad.

Asimismo, recuerda varios problemas detectados, como "las deficiencias estructurales" de los CIE, las limitaciones en la comunicación, las trabas al acceso de ONG y en la asistencia sociocultural y jurídica, entre otras cuestiones. En cualquier caso, inciden en que la petición de mejora en estos centros "no elimina la reivindicación fundamental", que es el "fin de la institución del internamiento y el cierre de los CIE".

La responsable Programa CIE-Claver, Ana Bosch, ha incidido en que la "vulneración" de derecho en estos centros en los que el "clima penitenciario se rige cada vez más".

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