Siete de cada diez inmobiliarias rechaza de forma explícita alquilar a migrantes, según un estudio

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ONG Provivienda ha presentado este miércoles el informe '¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado del alquiler', del que se desprende que siete de cada diez inmobiliarias rechaza de forma explícita alquilar a migrantes.

Según ha explicado la organización, este estudio --financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones-- aborda el problema de la discriminación en la vivienda de personas extranjeras, especialmente de aquellas nacidas fuera de la UE.

El objetivo es "visibilizar la discriminación" que sufre este colectivo y sugerir alternativas desde las políticas públicas", según ha explicado el director general de Provivienda, Eduardo Gutiérrez.

Sobre el contenido del estudio, la ONG destaca que el 70% de las inmobiliarias contactadas aceptan formas explícitas de discriminación y, de las restantes, una amplia mayoría acepta otras formas más sutiles, como reclamar un mayor número de garantías adicionales a las personas de otros países.

La responsable del área de Investigación de Provivienda, Elena Martínez, explica que, "en un primer contacto, en igualdad de condiciones, si pensamos en una familia con dos personas adultas y dos menores, a la extranjera se le niega mucho más las visitas a los pisos anunciados en Internet".

Para llegar a estos resultados se han realizado 1.836 llamadas respondiendo a anuncios de alquiler reales, a través de la metodología del testing inmobiliario. La clave del estudio es la búsqueda de respuestas distintas a dos tipos de llamadas telefónicas: de una persona autóctona y de una extranjera.

Dichas llamadas se complementan con las de otra, que se presenta como propietaria de una vivienda y que contacta a agencias inmobiliarias pidiendo explícitamente no alquilar a una persona inmigrante.

"El exceso de documentación requerida, el incremento de las garantías adicionales, engaños sobre las disponibilidad de viviendas o la presentación de cláusulas abusivas" son algunas de las manifestaciones discriminatorias que se han detectado al realizar este estudio.

Del mismo modo, la ONG denuncia "la ausencia de medidas que protejan a las personas extranjeras de la discriminación, desemboca en procesos de exclusión residencial". Por eso, ha señalado Martínez, "el acompañamiento del tercer sector y de las instituciones públicas es una pieza fundamental para luchar contra este grave problema".

PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES

Ante esta situación, la ONG urge a aprobar la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación que contemple de forma clara el ámbito de la vivienda.

Además, recomienda la puesta en marcha de servicios de información y asesoramiento especializados, el impulso de servicios de mediación en alquiler, la formación a agentes clave, el reconocimiento de buenas prácticas inmobiliarias o, en el plano más restrictivo, la aplicación del derecho administrativo sancionador, e incluso penal para las situaciones más graves.

Provivienda también ve "imprescindible" complementar las medidas antidiscriminación con aquellas que permitan garantizar el derecho a una vivienda adecuada para todas las personas.

"La anunciada Ley del Derecho a la Vivienda, así como el aumento en los Presupuestos Generales del Estado en políticas públicas son una buena oportunidad para mejorar la garantía de los derechos humanos", ha concluido Eduardo Gutiérrez.