MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación interpuesto por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) acerca del "incumplimiento" de la ley de transparencia y acceso a información pública por parte de la Dirección General de Policía (dependiente del Ministerio de Interior).
Dicho recurso se presentó ante "la negativa del ministerio a proporcionar cifras relativas a la nacionalidad de personas internadas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en el Estado Español en el año 2023", como detalla el SJM.
En estee punto, recuerda que, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid denegó (en la sentencia 26/2024) la solicitud de SJM, ahora el Supremo admite a trámite el recurso de casación a fin de determinar "el alcance del límite al derecho de acceso a la información pública cuando su acceso pueda suponer un perjuicio para las relaciones exteriores, tratándose de la remisión de datos sobre nacionaldades concretas de las personas internadas en un CIE".
El acceso a la información pública sobre los CIE es, para el SJM, "clave a la hora de poder construir los informes anuales" y contribuye a "visibilizar la realidad de vulneración de derechos que existe en estos espacios, tal y como se incluía en las publicaciones de 2022 y 2023".
La organización considera que las cifras oficiales son una herramienta "esencial" para que la ciudadanía pueda conocer "cuáles son los recursos destinados al mantenimiento y gestión de los centros, qué perfiles de personas se encuentran privadas de libertad y cómo se construye la política migratoria del Gobierno en su vertiente más represiva con los derechos y más opaca en cuanto a su gestión".
Por otro lado, el SJM señala que permanece atento ante la próxima apertura del CIE de Botafuegos, en Algeciras (Cádiz), "que se convertirá en el mayor centro de estas características". Por ello, ha convocado una marcha de denuncia y rechazo a esta medida el próximo 14 de diciembre en la ciudad algecireña.
La entidad continúa defendiendo la necesidad de cerrar los CIE y fomentar alternativas más humanas, algunas previstas en el ordenamiento jurídico, para la respuesta ante la irregularidad administrativa de las personas extranjeras en el Estado español.