MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma del Tercer Sector (PTS), que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, ha presentado varias enmiendas al Reglamento de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social para facilitar la inclusión de la población migrante y refugiada en España, como garantizar las denuncias seguras o la accesibilidad para personas con discapacidad.
La Plataforma valora "positivamente" la propuesta presentada por el Gobierno, que ha incorporado "muchas aportaciones" de las entidades sociales, pero considera que aún hay necesidades no cubiertas que deben ser abordadas.
En concreto, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha explicado que resulta necesario que el Reglamento "garantice las denuncias seguras y evite que se inicien expedientes de expulsión en contra de las personas en situación administrativa irregular, con especial atención a las víctimas de discriminación racial o étnica y de delitos de odio".
En este sentido, ha indicado que resulta "fundamental" poder asegurar que las personas extranjeras en situación irregular, que son presuntas víctimas de un delito, puedan formular denuncia, sin que esto derive en la incoación de un procedimiento sancionador que pueda conllevar la expulsión del territorio.
Además, entre sus aportaciones, la Plataforma del Tercer Sector ha reclamado que la norma garantice que toda la información sobre procedimientos, documentación y autorizaciones sea accesible para personas con discapacidad y que se realicen las adaptaciones necesarias. Asimismo, ha señalado la necesidad de incluir apoyos para las personas con discapacidad que sean parte de un proceso sancionador.
Igualmente, ha señalado la necesidad de abordar los visados de carácter humanitario para que favorezcan la regulación de vías legales y seguras. En este sentido, las propuestas presentadas por la Plataforma se centran en las autorizaciones de residencia por motivos excepcionales y el nuevo régimen de familiares de personas de nacionalidad españolas. También propone mejoras en cuestiones relacionadas con las personas en situación de protección internacional, como la autorización de trabajo o la residencia de los menores nacidos en España.
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