MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha pedido este jueves "que se acepte" que el real decreto-ley para repartir menores migrantes es constitucional, ante la intención de algunas comunidades autónomas de acudir a los tribunales.
"A mí me alegra escuchar que se va a acatar la ley, que otra cosa no se puede hacer. Espero que esto lleve consigo, también, que se acepte que este texto es constitucional, porque también he escuchado ciertas afirmaciones que pueden llevar a que algunas comunidades lo lleven al Tribunal Constitucional", ha asegurado el ministro en declaraciones a medios antes de intervenir en el encuentro de la Comisión de Migraciones de la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
Así lo ha puesto de manifiesto en referencia al real decreto-ley que aprobó el martes el Gobierno en el Consejo de Ministros para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y hacer, así, obligatorio entre comunidades autónomas el reparto de menores migrantes no acompañados. Este es fruto de un acuerdo del Ejecutivo con Junts.
En este sentido, Torres ha defendido que el texto es "absolutamente constitucional" y que está avalado tanto por los informes del Gobierno de España como por gobiernos autonómicos como el de Canarias. Además, ha asegurado que han participado en el contenido del mismo el gobierno vasco y los grupos políticos que, en su momento, lo hicieron a la proposición de ley.
"Y, por tanto, lo que se plantea es, si se tiene un criterio de país, es que todas las comunidades, en igualdad de condiciones, teniendo en cuenta su población, tengan una capacidad ordinaria, y luego se distribuya cuando alguien está saturada, acorde a criterios que están establecidos en la Conferencia Sectorial, donde están también las comunidades autónomas", ha explicado Torres.
Precisamente, son la mayoría de las comunidades del PP (Comunidad de Madrid, Aragón, Cantabria, Galicia, Andalucía y Castilla y León) las que mostraron inicialmente su disposición a acudir a los tribunales por el texto para el reparto de menores migrantes no acompañados. También la Rioja, Región de Murcia y Baleares acusaron al Ejecutivo de "mercadear" con estos niños.
Preguntado por la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de cumplir con la ley y de aceptar el reparto de los menores migrantes, Torres ha dicho que espera que "esto sea un cambio de postura".
"LA MEJOR MEDIDA, LA MÁS ESTRUCTURAL Y LA MÁS PERMANENTE"
Por otro lado, el ministro ha recordado que el real decreto-ley modifica en cinco puntos el artículo 35 de la Ley Extranjera y ha recalcado que se trata de "la mejor medida, la más estructural y la más permanente".
También ha expuesto que el texto establece unos plazos que este año "porque es urgente y es necesario actuar en estos momentos y cuanto antes". De hecho, ha explicado que las comunidades autónomas tienen hasta el 31 de marzo para aportar el número de menores migrantes no acompañados que tienen en acogida en la actualidad.
"Pero este real decreto-ley ya, para los años siguientes, establece que la fecha sea el 15 de enero del año siguiente, el año en el que las comunidades tienen que decir cuántos menores han acogido. Por lo tanto, tiene voluntad de pervivencia y de mantenimiento", ha subrayado.
En esta misma línea, fuentes Comisión Interministerial Inmigración, presidida por el ministro Torres, han destacado que en el real decreto-ley no hay cifras definitivas ni simulaciones y que lo que recoge son los criterios.
De hecho, han apuntado que, una vez las comunidades aporten sus datos de acogida, con fecha de plazo hasta el 31 de marzo, a partir de ahí se decidirá la capacidad ordinaria que debe tener cada territorio. "Y se hará aplicando criterios homogéneos", han añadido.
Posteriormente, han agregado que en la Conferencia Sectorial de Infancia se establecerá la distribución con "cifras concretas y ajustadas a la realidad del momento", siguiendo los criterios del real decreto-ley o los que se establezcan en esta reunión con las comunidades autónomas.
Asimismo, Torres ha precisado que se trata de una medida "para todo el páis", ya que la proposición de ley que llevó el año pasado al Congreso PSOE, Sumar y CC era solamente para Ceuta, Melilla y Canarias.
En todo caso, ha indicado que "hay tiempo para ir estudiando el texto" y se ha puesto "a disposición" ante "cualquier duda" de los presidentes autonómicos. "Y la voluntad es de su pervivencia en los futuros años", ha concluido.