UGT acusa al Gobierno de "vulnerar el diálogo social para incomodar la vida de los inmigrantes" en España

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT ha denunciado este miércoles que el Gobierno "vulnera el diálogo social para incomodar la vida de los inmigrantes" al aprobar desde la Secretaría General de Inmigración y Emigración una instrucción que deroga los criterios generales para la elaboración de los informes de integración que necesitan los extranjeros para completar diversos trámites.

Según apunta UGT, la instrucción, a la que tuvo acceso Europa Press, "limita las posibilidades de que los extranjeros puedan renovar sus autorizaciones de residencia" porque "deja sin contenido disposiciones del Reglamento de la Ley de Extranjería, acordados en el marco del Diálogo Social que posibilitan la renovación" de estos permisos.

"La instrucción señala que, a fin de buscar mecanismos más eficaces, se deroga el contenido de una instrucción anterior que regulaba los informes sobre el esfuerzo de integración, informes que servían para sustituir a algunos de los requisitos exigidos en las renovación de autorizaciones de residencia y/o trabajo", afirma el sindicato.

A su juicio, con la "excusa de la búsqueda de la eficacia" se están dejando "sin contenido" disposiciones del Reglamento de Extranjería, "lo que constituye no solo una práctica contraria al principio de seguridad jurídica" y "perjudica gravemente a la población extranjera".

El documento emitido por la Secretaría General de Inmigración y Emigración argumenta que tras realizar una "valoración" de los resultados de la normativa que ahora se deroga, una instrucción de diciembre de 2011, se ha llegado a la conclusión de que "no ha contribuido a los objetivos de clarificación y homogeneidad en la aplicación de la figura jurídica a que se refiere".

"Esta Secretaría General ha iniciado una labor tendente a la búsqueda de mecanismos que contribuyan con mayor eficacia al alcance de dichos objetivos" de clarificación y homogeneidad y, mientras tanto, ha derogado las instrucciones en las que hasta ahora se podían apoyar las administraciones autonómicas para elaborar los citados informes de integración.