AMPL.- Consejo.- La costa española está deslindada en un 93% de su longitud, según un informe de Medio Ambiente

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Elena Espinosa, ha presentado este viernes al Consejo de Ministros un informe sobre la aplicación de la Ley de Costas de 1988, del que se desprende que la costa española está deslindada en un 93 por ciento de su longitud.

"Nuestras costas son uno de los ecosistemas más frágiles del país, origen de riqueza y generación de empleo donde atesoramos uno de nuestros patrimonios naturales más importantes. Debemos protegerlas tal y como nos dice la Ley de Costas de 1988, pionera en Europa", ha señalado Espinosa durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El informe apunta que, mientras desde 1988 hasta el año 2003 se habían deslindado 4.659 kilómetros, desde el año 2004 se deslindaron 3.830 kilómetros, realizándose en el año 2009 el deslinde de 768 kilómetros y en lo que va de año 2010 de otros 506 kilómetros de litoral.

El Gobierno recuerda en este sentido que la Constitución de 1978 reconoce la calificación de dominio público marítimo-terrestre, que resulta incompatible con la existencia de enclaves de titularidad privada sobre el mismo.

La Ley de Costas de 1988, al igual que sucede en otros países del entorno español, vino a desarrollar la previsión constitucional precisando el alcance de los bienes que tienen dicha calificación, regulando su utilización y estableciendo las limitaciones a las propiedades colindantes, según explica el Ejecutivo.

"Debemos conseguir que todos los ciudadanos puedan disfrutar libre y gratuitamente de nuestras costas, pero tenemos que frenar la presión humana que tiene así como los efectos del cambio climático sobre la misma", ha alertado la titular de Medio Ambiente.

Para ello, el instrumento técnico para la delimitación del Dominio Público Marítimo-Terrestre, según establece la Ley, es el deslinde, que declara la existencia, la extensión y los linderos de los bienes del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) en un determinado tramo de costa.

Este instrumento se ejerce a través de un procedimiento en el que se incorporan informes periciales, alegaciones de particulares a los que se notifica personalmente, e informes de otras administraciones. La decisión puede ser revisada en vía administrativa y contencioso-administrativa, como garantía para evitar errores y arbitrariedades.

El Ejecutivo apunta que el 96 por ciento de los recursos presentados ante las instancias judiciales han sido parcial o totalmente rechazados por éstas, desde que se aplica esta figura. Asimismo, la normativa de Costas contempla el otorgamiento de títulos para la ocupación del DPMT, basándose en el principio general de que sólo se puede ocupar el mismo para aquellas instalaciones que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación, cuestión que puede ser revisada por los Tribunales, a instancia de cualquier persona legitimada.

"Con esto me gustaría hacer un llamamiento a todos los ciudadanos porque preservar nuestra riqueza natural, nuestra biodiversidad y nuestras costas es una misión de todos, de las administraciones, con las que compartimos competencias y también todo lo que puedan aportar los ciudadanos y en su forma de disfrutar y explotar sosteniblemente nuestros recursos", ha concluido Espinosa.

Por otro lado, el Ministerio de Medio ambiente y Medio Rural y Marino, a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, ha destinado desde 2008 a 2010 779 millones de euros para obras de interés general en la costa española, que se agrupan en torno a tres objetivos: el control de la regresión de la costa, la protección y recuperación de los sistemas litorales y la dotación para el acceso y uso público de la costa.

Concretamente, al programa de adquisición de fincas se le han destinado desde 2005 75 millones de euros para la incorporación de terrenos de elevado valor ecológico, o sometidos a presión urbanística, colindantes con el DPMT, de forma que quede garantizada la conservación y protección del mismo.