CERMI dice que el tercer supuesto del aborto es incoherente con la convención sobre discapacidad

Las personas discapacitadas piden en el Congreso que la AECID destine el 10 por ciento de su fondos a proyectos que tengan presente la discapacidad

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comisionada del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en materia de género y representante oficial española en el comité de seguimiento de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, Ana Peláez, manifestó este miércoles que el tercer supuesto de la actual ley del aborto "es incoherente" con la convención y añadió que "es muletilla no puede estar contemplada" en una futura ley.

Durante su comparecencia en la Comisión para las políticas integrales de la discapacidad para informar sobre este tratado internacional, afirmó que, atendiendo al mismo, "el aborto eugenésico debería ser revisado".

Asimismo, y ante la necesidad de adaptar la legislación española a la convención, recomendó la aprobación de un Proyecto de Ley de ajuste del sistema jurídico y animó a los grupos parlamentarios a hacer "un estudio y un esfuerzo" a la hora de ajustar los instrumentos legislativos al espíritu y criterios del tratado.

También afirmó que, además del comité gubernamental de seguimiento y aplicación de la convención, "es necesario crear un órgano independiente". Para ello, reiteró el ofrecimiento y la voluntad del CERMI para aceptar este encargo, circunstancia que consideraría "magnífica". "Supondría la inclusión directa de las personas con discapacidad en todas las acciones", indicó.

OBSERVATORIO Y TRADUCCIÓN DEL TRATADO A LAS LENGUAS COOFICIALES

Finalmente, pidió la creación de un observatorio que realice informes anuales y estudios sobre esta cuestión, la puesta en marcha de campañas de información y la traducción de la Convención a las lenguas cooficiales del Estado.

En este sentido, el presidente de la comisión, Jesús Caldera, enviará al Gobierno, por asentimiento de los grupos presentes en la sesión, una recomendación para que el tratado sea traducido a estas lenguas "en el menor tiempo posible".

En materia de cooperación internacional, la representante del CERMI propuso que se destine el 10 por ciento del presupuesto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a proyectos que tengan presente la discapacidad. "Sería una noticia extraordinaria y no costaría mucho", agregó.

Por otra parte, Peláez eligió el papel "fundamental" de España en la convención y, sobre todo, en que saliera adelante el artículo 6 sobre las mujeres y niñas con discapacidad. Sin embargo, criticó al Gobierno porque el Plan de Acción para las Mujeres con Discapacidad "ha adolecido de financiación". "El plan se fractura en el momento en el que no hay previsión de recursos ni de desarrollo autonómico", dijo, aunque mostró la voluntad del CERMI de "revisarlo".

"LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA CHOCA CON LA CONVENCIÓN"

Por su parte, y en la segunda comparecencia de la sesión, intervino el catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid y coordinador por cuenta del CERMI y Fundación ONCE del trabajo académico sobre el ajuste del Ordenamiento jurídico español al tratado, Rafael de Asís, quien afirmó que la legislación española "choca en algunos puntos con la convención".

En este sentido, señaló que la convención de la ONU sobre discapacidad va a generar "algunos problemas", a pesar de que, matizó, la normativa española "ha ido evolucionando y adaptándose al modelo social".

En su opinión, este tratado afecta a diversos ámbitos, entre los que se encuentran el normativo, sanitario, laboral, jurídico e, incluso, fiscal, por lo que muchos de los cambios "van a exigir decisión y variaciones en la manera de pensar".

Para Rafael de Asís, se presenta, además, la necesidad de reformular el concepto jurídico de capacidad, ya que "el proceso de incapacitación se enfrenta a la convención". Esta concepción, indicó, es "muy difícil de traducir y de remover".

La solución que propone el catedrático de la Carlos III es conjugar la postura del CERMI de crear una ley que introduzca los cambios necesarios con sucesivas reformas, ya que, según manifestó, la primera opción sola "no va a resolverlo todo".

Pese a todo, De Asís aseguró que "es una gran oportunidad" para avanzar en este sentido y, aunque se trata de un cambio "paulatino", dijo que "hay que apostar por ello".

Finalmente, señaló que la aplicación de la convención requerirá "un consenso grande" entre las administraciones y fuerzas políticas y recordó que "exige dotación presupuestaria". "Los Derechos Humanos exigen medios económicos", concluyó.