Defensor del Pueblo apoya bajar el IVA para combatir la pobreza energética y revisar el bono social

Pide a Industria que retire el peaje de respaldo al autoconsumo y un trato "en igualdad" para los inversores nacionales en fotovoltaica

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo apoya la aplicación de una bajada del IVA a productos energéticos como la electricidad o el gas con el objetivo de combatir el fenómeno de la pobreza energética, al tiempo que se muestra partidario de revisar los criterios para disfrutar del bono social, ya que en la actualidad se dan situaciones "discriminatorias".

En su informe anual, la institución explica que su posición respecto al IVA de los productos energéticos fue planteada al Ministerio de Hacienda durante el diseño de la reforma fiscal, pero no prosperó.

La medida, amparada por la legislación comunitaria, se trasladó a la Secretaría de Estado de Hacienda para su aplicación en la electricidad y el gas. Tras el rechazo a la propuesta, el Defensor del Pueblo "ha procedido al cierre en disconformidad de las actuaciones iniciadas".

La institución dirigida por Soledad Becerril reclama además a los poderes públicos "la necesidad de reflexión sobre las condiciones en que se presta el suministro eléctrico", debido no solo a la crisis económica, sino también al "constante incremento del precio de la electricidad, que es un bien esencial para una vida digna, acaecido en los últimos años".

Sobre el bono social, lamenta que exista una "desvinculación" entre la ayuda y el nivel de renta de las familias, lo que "genera una situación de discriminación".

"Por una parte, determinados consumidores con bajo nivel de renta no tienen derecho al bono social por no estar incluidos en los colectivos identificados, mientras que otros sí pueden beneficiarse del bono social, al margen de su nivel de renta y solo por su mera pertenencia a alguno de los grupos" beneficiarios, señala.

Ante esta circunstancia, pide que se defina el concepto de consumidor vulnerable conforme a criterios de renta del consumidor, que pueden a su vez modificarse en función de las condiciones personales.

La institución también aboga por claridad en las facturas eléctricas, por reforzar los derechos informativos en los procesos de cambio de contador y por una explicación "más transparente y objetiva" de las subidas en el término fijo de la electricidad.

PEAJE AL AUTOCONSUMO.

Además, el Defensor del Pueblo también ha actuado ante el peaje al autoconsumo de electricidad, por el que se grava no sólo la electicidad que el particular vierte a la red o la que recibe, sino también la que autogenera para su propio consumo, y ha recomendado a la Secretaría de Estado de Energía no establecer estos peajes.

En su informe anual, el Defensor del Pueblo señala que el denominado 'peaje de respaldo' que deberán pagar los consumidores de energía eléctrica acogidos al autoconsumo de energía eléctrica, cuya modalidad más frecuente es la instalación de placas fotovoltaicas, ha ocasionado numerosas quejas.

Para la institución, "no parece estar justificada la imposición de peajes al autoconsumo de energía eléctrica, cuando no hay vertido del excedente de energía no consumida a la red".

FOTOVOLTAICA.

Respecto al régimen retributivo de la energía fotovoltaica, señala que pequeños ahorradores han planteado las consecuencias negativas de la modificación del régimen retributivo de la energía fotovoltaica, ya que realizaron sus inversiones al amparo de un sistema que ha sufrido varias modificaciones, generando una pérdida de sus expectativas económicas.

A este respecto, recuerda que la situación es distinta para los inversores españoles y para algunos inversores internacionales, con la opción del recurso al arbitraje internacional como "una solución viable únicamente al alcance de los inversores de los países signatarios" del Tratado sobre la Carta de la Energía. No se dan condiciones "en igualdad", señala.

Así, el Defensor del Pueblo señala que recomendó a la Secretaría de Estado de Energía la adopción de las medidas necesarias para que los inversores españoles en energía fotovoltaica que han visto recortada su retribución no reciban peor trato que estos inversores, así como el establecimiento de los mecanismos convenientes "para compensar el sacrificio singular" que el cambio retributivo implica para los inversores españoles. Esta recomendación no fue aceptada, recuerda.