MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales ven con buenos ojos la propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de unificar los procedimientos judiciales en delitos cometidos de forma conjunta por menores de edad y adultos, aunque los primeros añaden como salvedad que esta conjunción debe ser en todo caso excepcional.
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la AF, Francisco Jiménez-Villarejo ha incidido en que "sólo se podría utilizar en delitos especialmente graves haciendo una criba con respecto a qué delitos se aplica y a cuales no" ya que el procedimiento que se propone "puede tener complicaciones" y es, en su opinión, más conveniente que sea "excepcional".
Entre estas posibles complicaciones, Jiménez-Villarejo ha destacado que los procedimientos de menores son instruidos por el fiscal, mientras que es el juez de instrucción el que se encarga en el caso de los adultos por lo que habría que establecer quién sería el competente.
Además, según ha dicho, "habría que arbitrar medidas de protección de los menores aunque estuvieran acusados" y "alargar la duración de las medidas cautelares para ellos con un sentido distinto al de las de los mayores y con una finalidad protectora y educativa".
"Desconozco como se podría canalizar y organizar, pero se evitarían las contradicciones en la práctica de la prueba en un juicio y otro" y eso, en su opinión, "tendría sentido", ya que "si es en un sólo proceso pero aplicando a cada uno su tratamiento penal, puede ser beneficioso sobre todo para delitos graves", como el caso de la niña sevillana Marta del Castillo.
Por su parte, a la portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Maria Moretó, que también ha relacionado la propuesta del ministro con el caso de Sevilla, no le parece mal. "Es complicado porque cada uno tiene una legislación distinta y en el caso del menor rige el principio de oportunidad, por lo que se puede no imponer una condena a cambio de reparación el daño y demás, pero nos parece bien", ha indicado.
Según ha explicado, la ventaja de esta medida es que "los hechos provbados serían los mismos" para el magistrado y, aunque "habría que compaginar la legislación que rige para uno y parta otro" la medida es oportuna para "que no se den ciertas aberraciones" como sentencias contradictorias que sólo se explican teniendo en cuenta que "cada juez en su juicio tiene que dar por prbadas unos hechos".