El Gobierno impulsará la tramitación telemática de la evaluación de impacto ambiental

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno contempla la modificación del actual Reglamento de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y el impulso a la tramitación telemática para agilizar el proceso y, de este modo, acortar los plazos.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, señaló que la Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, presentó un informe sobre la situación y propuestas de mejora de la tramitación de las declaraciones de impacto ambiental.

Zapatero señaló que la medida pretende que el proceso "no se prolongue más de seis meses", ya que actualmente existen 3.000 obras sometidas a evaluación de impacto ambiental en el Ministerio de Medio Ambiente con un tiempo medio de resolución de 760 días. "Esta reducción significaría una aceleración notable de la inversión en obra pública y, por tanto, una contribución mayor al crecimiento", agregó.

Así, el Ejecutivo prevé "incrementar la transparencia del procedimiento poniendo a disposición del público en general todos los expedientes". Se publicará la fase de trámite en que se encuentren en cada momento, fecha de comienzo y fecha prevista de conclusión.

Además, el Gobierno impulsará la tramitación telemática, a través de las diferentes aplicaciones puestas en marcha del proyecto SABIA (Sistema de Acceso a las Bases de Información Ambiental), que permitirá, al mismo tiempo, "abrir un canal de información y participación para todos los agentes que intervienen en el proceso de evaluación ambiental".

En este sentido, se contempla la definición de un protocolo entre la administración central y las comunidades autónomas para la tramitación por vía telemática de las evaluaciones ambientales, tanto en la fase previa de estudio, como en las restantes de tramitación del procedimiento.

De este modo, el Ejecutivo pretende establecer "un mecanismo ágil y efectivo" para el tratamiento de la información requerida por quejas comunitarias o denuncias relativas a proyectos con competencias de las comunidades autónomas y sobre los cuáles "debe responder la administración central ante la Comisión Europea".